La oposición volverá a preguntar a Feijóo en el pleno por su futuro

«Esta situación no se puede mantener mucho tiempo», consideró este martes el socialista Xaquín Fernández Leiceaga tras la reunión de la Junta de Portavoces, «Feijóo tiene la cabeza en Madrid» en la carrera por la sucesión de Rajoy. «Tiene que dar explicaciones cuanto antes», abundó Olalla Rodil (BNG), «Galicia no es una sala de espera». «Celebraremos que Feijóo se vaya», dijo por su parte Luis Villares, insistiendo en la necesidad de la convocatoria electoral que defiende una parte de En Marea pero que rechaza el resto de la oposición parlamentaria.

Por su parte, el popular Pedro Puy evitó pronunciarse acerca de futuribles o de las especulaciones que lo situarían a él mismo como uno de los nombres para suceder a Feijóo en caso de que se marchara a Madrid. «No juego a las quinielas», zanjó , «yo estoy más predispuesto a respetar la decisión personal del presidente». A su juicio, la voluntad de Feijóo se conocerá «pronto».

El otro asunto que ha enfurecido a la oposición es un supuesto informe elaborado por la asesoría jurídica del Parlamento y que el presidente Miguel Santalices esgrimió durante la última sesión plenaria por el que se le concede la potestad de impedir que se profieran expresiones referidas a la corrupción del PP, llegando incluso a ordenar su retirada del diario de sesiones cuando fueron enunciadas por los diputados. Santalices ya negó la pasada semana el acceso de la oposición a este documento, que se mostró indignada ante este intento de «censura».

Ayer, de nuevo, no enseñó el documento pero sí entregó a portavoces y periodistas una «nota aclaratoria» que concluye que «las expresiones consultadas por la presidencia, tales como "el Partido Popular es un partido corrupto", "el Partido Popular ha sido condenado por corrupción" y parecidas, podrían dar lugar a llamadas al orden en la medida en que infrinjan los deberes de cortesía y respeto del orden parlamentario (...)».

En una primera conclusión establece que «parece evidente la libertad de crítica política de los hechos descritos en la sentencia», aunque «puede dar lugar a la intervención presidencial cuando se hacen imputaciones delictivas a sujetos que no son condenados por delitos». El Parlamento argumenta que no ha remitido el informe a los grupos para no coartar la libertad de los diputados en sus intervenciones.

La oposición en coro ha advertido que rechazará esta «mordaza» que consideran que es «una decisión antidemocrática» ante la que tomarán medidas.