La oposición elude apoyar el pago de la extra pendiente a los funcionarios

En todo caso, y en lo que se refiere al fondo del asunto, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, justificó que la «buena» marcha de la economía permitirá destinar unos 25 millones de euros a «blindar» la recuperación salarial de los empleados públicos, que recibirán, de media, unos 180 euros este año. Martínez recordó además que la Xunta ya tiene aprobada la devolución de la paga extra pactada por el Gobierno de España en diciembre de 2012. Según detalló, «el 50 por ciento de esa paga ya se abonó en el 2015, y el resto se está devolviendo entre abril y septiembre de este año», añadió el conselleiro, para quien de esta manera quedan «cancelados» los ajustes retributivos generales a todos los empleados públicos . A la oposición no le sirvieron los argumentos del conselleiro. La portavoz socialista, Noela Blanco, aseguró: «Nos quieren vender esta ley como fruto de una mejoría económica, y sin embargo somos la tercera comunidad con los salarios más bajos». En la misma línea, la diputada nacionalista, Tareixa Paz, reprochó que «únicamente están cumpliendo estrictamente una sentencia judicial» y el diputado comunista, Xabier Ron, acusó al PP de hacer un «lavado de cara».

Finalmente, el conselleiro, Valeriano Martínez, adelantó que la Xunta efectuará esta devolución «de oficio», evitando así que los trabajadores tengan que presentar un recurso ni presentar una declaración complementaria del IRPF del año 2013 por percibir esta devolución.

El Parlamento de Galicia también aprobó ayer la modificación de la Ley de Servicios Sociales que introduce un nuevo modelo de gestión de estos servicios, el concierto social , con los votos a favor del PPdeG y del PSdeG y las abstenciones del BNG, AGE y Grupo Mixto. En su intervención ante el pleno, la diputada popular Marta Rodríguez Arias destacó que el objetivo de la modificación de esta ley es introducir este «nuevo modelo de gestión», «reforzar el papel de las entidades de iniciativa social» y «garantizar los derechos de las personas usuarias».