Los «okupas» consentidos por el gobierno populista de La Coruña

La fallida marcha no trascendió del habitual revuelo previo en las redes sociales. Pero es un síntoma de las relaciones que el gobierno de Xulio Ferreiro mantiene con la plataforma, asentada desde hace cinco meses en el edificio de la Comandancia de Obras . El inmueble, de titularidad pública, fue cedido al ayuntamiento en 2013 por el Ministerio de Fomento a cambio de su vigilancia y conservación.

«No es que lo hayan okupado, es que les han dejado entrar» , valora la portavoz del PP en María Pita, Rosa Gallego. «Lo habían anunciado en redes sociales y con carteles por la ciudad, así que el ayuntamiento era perfectamente conocedor de que iban a entrar». Y tanto. La responsable de Igualdad del ejecutivo populista lo celebró así en un tuit del 24 de noviembre: «Cuando un sistema nos obliga la okupación es un derecho . Aparece un nuevo proyecto social en Coruña. Viva 10, 100, 1000 centros sociales».

El «sistema» es el significante que la Marea Atlántica emplea para criticar la actuación de Fomento. En el año 2013, el gobierno popular de Carlos Negreira firmó con la administración central un acuerdo para convertir la Comandancia en el Cidea: un centro de promoción pensado para creadores locales.

Las obras del Cidea se licitaron dos veces. Una, en noviembre de 2015, que fue paralizada. La otra es más reciente, con fecha del pasado mes marzo. Fomento prevé invertir en las naves de la Comandancia 1,3 millones de euros, pero la «okupación» complica y mucho la futura ejecución de las partidas .

Dentro del inmueble, la asociación «As Insumisas» organiza con regularidad eventos,conciertos y jornadas en los que, según el grupo popular, se dispensan bebidas alcohólicas de manera ilegal. Y todo, sin suscitar ninguna reacción por parte de los populistas.

Fuentes municipales consultadas por ABC, recalcan que el ayuntamiento trabaja «mediante el diálogo» para « evitar que puedan producirse problemas mayores en la zona» . Además, el equipo de Ferreiro achaca a la primera suspensión de las obras la responsabilidad de la «actual situación».

Por lo pronto, tanto populares como socialistas ya han sumado sus votos en la corporación para exigir a al alcalde que desaloje cuanto antes a las «Insumisas». Gallego lo razona así: «Quien tiene el deber de vigilancia sobre este local es el ayuntamiento (...) Esto cada vez va a ser peor. Para mí sufren un síndrome de Estocolmo, porque varios concejales proceden del mundo okupa y me imagino que a algunos les resultará incómodo decirles que se vayan» , zanja.