Guerra abierta en Podemos

El pasado sábado el sector crítico enfrentado a la dirección oficial de la formación convocó a su órgano ejecutivo —el Consejo Ciudadano Autonómico— sin la autorización de la secretaria general, Carmen Santos. El propósito, según pudo conocer ABC, era renovar las secretarías de la cúpula, como se había recomendado en el cónclave nacional de Madrid. Así se hizo. El Consello designó a Ares Jiménez para sustituir a Juan Merlo en las tareas de Organización, y de paso, desplazar a uno de los adláteres de la dirigente viguesa.

La afrenta tuvo la respuesta inmediata de Merlo. Inmediatamente después de conocer los acuerdos, envió un comunicado en el que se apresuró a deslegitimar la reunión por incumplir los estatutos . Los oficialistas sostienen que no se puede convocar ningún Consello a menos que lo presida la secretaria general.

Pero el texto dejó, además, un recado: fijaba como plazo hasta ayer para que cuatro diputados, Luca Chao, Pancho Casal, Marcos Cal y Paula Quinteiro, formalizaran sus pagos con la formación , dejando entrever que incumplían con sus obligaciones financieras.

Desde el bloque alternativo, explican a este diario, alegan que Merlo «no está a la altura del cargo que ostenta». Lo dicen después de que amenazara a los cuatro parlamentarios con la apertura de un expediente sancionador: «No va a haber expulsiones, evidentemente» , aseguran.

Su confianza estriba en varias razones. En primer lugar, algunos de los señalados contactaron ayer con la secretaría de Organización estatal, la de Pablo Echenique , para informarles de su situación y recordar que el dinero está consignado en una cuenta. La respuesta de Madrid, relatan estas fuentes, fue positiva, aún tratándose en algunos casos de militantes alineados con las tesis de Íñigo Errejón. ¿Por qué no lo transfieren, entonces? Según su versión, porque están a la espera de que En Marea nombre a su coordinadora y decida cuál es la cantidad que cada diputado debe pagar a la confluencia, siempre en base a la Carta Financiera. Una vez que se haya resuelto ese trámite, rendirán cuentas con Podemos. «Va todo muy lento», reconocen. Puede ser cuestión de semanas.

Pero hay un tercer motivo, quizá el más importante. Los críticos no reconocen la legitimidad de algunos órganos internos que operan en Galicia, como el Comité de Garantías autonómico, responsable teórico de resolver los conflictos entre los morados. Añaden que incumple algunos de sus características básicas, como el número de juristas que debe integrarlo. Dicho de otro modo, solo responderán ante Pablo Iglesias y su equipo directivo . Un dato paradójico, si recordamos que Carmen Santos fue una de las principales valedoras del madrileño en la Comunidad.

Vistos los antecedentes, el escenario que se abre a partir de ahora está sembrado de incertidumbres. En caso de que la dirección gallega decida reprender a los díscolos, se verá de nuevo desautorizada si —como parece— no acatan la sanción. Y como ya es habitual: un conflicto preludia otro.