Alberto Núñez Feijóo: «La financiación no debe mezclarse con cuestiones identitarias»

—Cuando se conoció en mayo el cupo vasco, pidió transparencia. Hace dos semanas, cuando se aprobó, volvió a pedirla. ¿No le facilitaron la información que pedía?

—Siempre que se pactó el cupo hay preguntas. Ahora se da la circunstancia de que lo hacemos a las puertas de negociar un nuevo modelo de financiación autonómica, y lo lógico es que cualquier presidente autonómico pida transparencia. Todos los presidentes nos hemos pronunciado sin prejuzgar ni criticar el contenido del acuerdo, y nos habría gustado tener información. Supongo que se le habrá dado al Congreso de los Diputados.

—¿Le preocupa que el cupo pueda ser causa de injusticias entre autonomías?

—Gobierno y comunidades no podemos sacar a subasta la igualdad y la solidaridad entre españoles. El concierto es un precepto constitucional; la igualdad entre españoles también. Yo no tengo en este momento ninguna información para prejuzgar que se haya quebrado ese equilibrio pero tampoco puedo detallar las cuentas del cupo.

—En el debate del cupo parece que hay más política que variables económicas cuantificables...

—En el contexto de un Gobierno que necesita unos votos para aprobar su Presupuesto es imposible no relacionarlo con la política. Pero reitero: no tengo ningún elemento para acreditarlo. Nuestro sistema de financiación partió de la ruptura que existía en el anterior. Para que sobreviviera el tripartito de PSC-ERC-ICV, el Gobierno de Zapatero hace un sistema para que le valga como requisito inexcusable a la Generalitat de la época. Y a partir de ahí, todos los equilibrios empezaron a deteriorarse. A Cataluña se le dice que se le pueden condonar más de 15.000 millones de euros de intereses de la deuda. Y ahora hay que negociar con los vascos, que han pagado su deuda, como Galicia. Tampoco hemos pedido dinero al Estado, y cumplimos nuestro déficit. Y esto sí son cuestiones objetivas.

—¿Galicia ve agravio en la condonación de esos intereses de la deuda?

—Nunca nos oponemos a que las comunidades mejoren sus posiciones, siempre que no sea a costa de empeorar las de los demás. Hay autonomías que no hemos sido beneficiadas ni por el FLA, ni por la condonación de intereses de deuda, y eso lo pondremos encima de la mesa. Beneficiar a comunidades en dificultades me parece que es la labor de cualquier gobierno responsable. Pero que eso no se haga a cuenta de perjudicar a comunidades responsables es igualmente exigible.

—Iceta ha propuesto la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado. ¿La solución al problema catalán pasa por privilegios en la financiación?

—Si premiamos la irresponsabilidad de unos políticos, todos los políticos acabarán siendo irresponsables. Esta propuesta creo que hay que contextualizarla en campaña electoral. No puede ser que un presidente de la Generalitat la traiga al conjunto de presidentes autonómicos.

—Si Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía aseguran estar infrafinanciadas y el nuevo modelo tiene que contentar a estos cuatro territorios, ¿va a quedar algo para las demás?

—El debate de la financiación siempre es el mismo: a algunos les interesa la brocha gorda, de tanto dinero por habitante. Para eso no hace falta un sistema de financiación, basta una hoja de cálculo. Lo que pasa es que aquí no financiamos solo habitantes. La dispersión es un elemento que nadie que se dedique a la economía discute, como el envejecimiento. Esas son las claves de la financiación. El modelo no puede ser repartir el dinero entre 17 territorios sino entre 48 millones de ciudadanos de acuerdo con los costes que supone proporcionarles servicios públicos. No se puede confundir la financiación de esos servicios con reivindicaciones identitarias ni planteamientos ideológicos.

—¿Teme que la financiación se utilice para calmar el problema catalán?

—Me consta que el Gobierno ha ayudado muchísimo a los proveedores impagados por la Generalitat. Y eso me parece responsable y necesario. Pero una cosa es ayudar y otra es discriminar. No tengo ningún indicio de que vaya a discriminarse entre autonomías.

—Honestamente, ¿ve margen para el acuerdo?

—Estamos en un momento muy complicado. La situación política de Cataluña no se ha dado nunca, con un Govern que se independizó de la realidad, que contó un relato falso a los ciudadanos, y que fracturó familias. Pero es que Cataluña es el 20% de nuestra economía. Y además, tenemos un Gobierno de 137 escaños. Creo que el presidente Rajoy ha sido inteligente al decir que no firmará un sistema de financiación que no cuente con el apoyo del PSOE. El acuerdo con los socialistas y la incorporación a la normalidad de Cataluña van a prejuzgar la posibilidad de un acuerdo sobre la financiación.

—En las últimas semanas cerró un acuerdo con Cifuentes y Herrera. ¿Son socios para negociar la financiación?

—Quisimos mandar un mensaje de que comunidades autónomas distintas nos podemos entender. Es verdad que Castilla y León y nosotros tenemos más puntos en común que divergencias, e hicimos un acuerdo con Madrid...

—...comunidad a la que usted ha acusado de «dumping fiscal» en alguna ocasión.

—Es que si una comunidad no cumple el déficit y no cobra impuestos, se está gastando un dinero que no tiene. Ha sido muy importante sentarnos con Madrid, que es aportadora neta en términos de solidaridad. A Madrid le interesaría la brocha gorda, y sin embargo se incorpora al acuerdo. Pero fíjese la debilidad de los criterios simplistas: unas 2.500 empresas han salido de Cataluña. Si ahora hacemos las cuentas de los nacionalistas en las balanzas fiscales, hoy probablemente Cataluña sea una de las comunidades que recibe dinero neto del Estado. La debilidad de los cálculos ficticios es evidente. Ahora la que se beneficia es Madrid. Por eso el impuesto de sociedades debe ser de todos los españoles y no puede ir por territorios.

—¿Qué va a pasar el 21-D?

—Si la gente quiere parar la deriva en la que ha vivido Cataluña tiene la mejor oportunidad: acudir a las urnas y expresar con nitidez que quieren una comunidad con autonomía financiera y política, una Cataluña como una de las regiones más ricas y prósperas de Europa. No son unas simples autonómicas.

—¿Y si se repite una mayoría independentista?

—La mayoría silenciada tiene la llave de lo que ocurra. Si opta por seguir callada y no participar, pueden volver a gobernar los independentistas. Veremos qué hace Podemos y qué hace el PSC. Si la mayoría silenciada no ha entendido el mensaje de que ningún político tiene autoridad para dividir a su pueblo, que a ningún político le puede salir gratis mentirle a su pueblo y quebrar la hacienda autonómica, es que los partidos no hemos sido capaces de explicarle a los catalanes qué ha pasado.

—¿Se acertó en la aplicación del 155?

—El 155 es uno de los activos del presidente Rajoy. No podía adoptar esa decisión en solitario, y esperó el momento y acordó el contenido. Ha pactado con un PSOE que semanas atrás decía que bajo ningún concepto apoyaría el 155. Tiene un mérito enorme. Tengo que agradecer la pericia, el acierto y la determinación del presidente, y en segundo lugar, a los pesos pesados del PSOE que gestionaron España en el pasado, por ejercer la presión necesaria para que los socialistas pactaran con el PP el 155. Y por extensión a Pedro Sánchez, que optó por poner a su país por encima de los intereses a corto plazo.

—Rajoy aplica el 155, pero el rédito electoral parece estar llevándoselo Albert Rivera.

—No es lo mismo tener la responsabilidad de firmar el cese de todo un Govern y la disolución del Parlament, que comentar o animar a tomar esas decisiones. La situación de C’s es mucho más cómoda. Los catalanes han podido ver que hay un partido que es la garantía de la democracia en Cataluña, de que sus derechos se mantengan intactos. Y ese partido es el del presidente Rajoy.

—Hemos pasado de no llevar imputados en las listas a que vayan candidatos en prisión y prófugos de la justicia.

—Estamos deteriorando la política española profundamente. Cualquier alcalde de un pueblo que estaba imputado no podía ni siquiera participar en un proceso electoral, y ahora resulta que los imputados y los encarcelados no solo van en listas, sino que son candidatos a presidir una autonomía.

—Reforma constitucional. ¿Galicia la ve necesaria?

—Lo más urgente no es reformar lo que es de todos. No podemos caer en la trampa de hacerle caso a los que piden reformar la Constitución cuando lo que en realidad quieren es que no haya ninguna Constitución. Eso es importante reflexionarlo. No tengamos miedo a reformar un texto siempre que el resultante tenga el mismo sentido de Estado que el original. Podemos querer reformar lo que sea, pero el que vota al final es el pueblo español.

—En la cuestión catalana se ha denunciado adoctrinamiento en la escuela. ¿Es partidario de que esta competencia retorne al Estado?

—La inspección educativa es una competencia del Estado y que debe ejercer cuando considera oportuno. Yo no tengo inconveniente en que los inspectores vengan a nuestras aulas y evalúen lo que estamos haciendo, que creo que está bien. Si hay alguna discrepancia, tendrán que motivarla. Pero no soy partidario de retrotraer la educación y devolverla al Estado. Sí soy partidario de homogeneizar contenidos, de introducir más lenguas extranjeras, de reformar las universidades, de estudiar el MIR de la educación que propone el PSOE…