Los funcionarios redoblan el pulso y apuestan por paralizar la justicia

Los paros en la justicia comenzaron a finales del año pasado. Los funcionarios demandan mejoras salariales, ya que sus sueldos se encuentran por debajo de la media de retribuciones en España, que no se les descuente parte del salario durante los primeros días de una baja por enfermedad y también reivindicaban un incremento de las plantillas. Pese a que en este último punto se ha llegado a un acuerdo, en los dos primeros la negociación sigue atascada .

En la rueda de prensa del Consello de la Xunta, que ofreció Rueda debido al viaje de Feijóo a Israel, el vicepresidente insistió ayer en que las reivindicaciones de subidas salariales de los funcionarios son «inasumibles» para las arcas públicas. «Lo que no tiene sentido, y nadie entendería, es que con los recursos públicos la Xunta dijera que sí a una subida que supone una media de 3.000 euros por funcionario, del 16 %», apunto. Rueda defendió la mejora que ha les ha propuesto la administración gallega , que oscila entre los 660 y 900 euros al año dependiendo de la categoría, y que situaría a sus salarios «en la media del Estado, y en algunos cuerpos por encima de la media». Pero Manuel Tejada, coordinador de SPJ-USO en Galicia, afirma que estas cantidades son insuficientes y aclara que no se alcanzarían hasta 2021, dado que en todos los supuestos se está negociando una subida anual progresiva.

«Tenemos pocas esperanzas de llegar a un acuerdo porque la voluntad negociadora de la Xunta es mínima», aseveró el sindicalista. Las centrales denuncian que la administración gallega llegó a la reunión del pasado miércoles «con un documento cerrado» mientras que ellos sí se mostraron dispuestos a rebajar un poco su exigencia de llegar al 16% de subida salarial.

Sin embargo, Rueda incidió en que «aún quedan días» para alcanzar acuerdos puesto que desde la Xunta no considera rotas las negociaciones «Sino habría que pensar en una huelga inevitable y que no se puede hacer nada», un escenario que la Xunta pretende evitar, añadió Alfonso Rueda.

Descartada la subida salarial del 16%, la Xunta ha optado por ofrecerles otro tipo de mejoras laborales. A través de un comunicado, Vicepresidencia explicó que el miércoles les propuso ampliar el permiso de maternidad y paternidad de las 16 semanas actuales a las 20, y de 29 días a 5 semanas, respectivamente. También ofreció la creación de siete plazas de psicólogo para los servicios de atención a víctimas de violencia de género en las siete ciudades y refuerzo de personal en estos juzgados.

Pero las centrales recuerdan que ninguno de estos puntos estaba entre sus reivindicaciones. Óscar Freixedo (CIG Xustiza) afirmó en declaraciones a Ep, que la Xunta se «los saca de la manga». Las propuestas relativas a las bajas por paternidad y maternidad, prosiguió, «evidencian» las peores condiciones que tienen los trabajadores de justicia, ya que los funcionarios de la Administración de la Xunta ya cuentan con esos permisos.

Sindicatos y administración volverán a reunirse hoy para abordar cuáles serán los servicios mínimos a partir del 7 de febrero. Pero de momento no hay nueva cita en el calendario para intentar desbloquear la protesta. El vicepresidente de la Xunta aseguró que el Gobierno autonómico tomará las medidas oportunas para «garantizar el funcionamiento» de la Justicia en caso de que se llegue a la huelga. De momento la Xunta ya ha prohibido coger vacaciones o días de asuntos propios durante el mes de febrero.