La firma de los convenios colectivos, el último escollo para desconvocar la huelga

El Gobierno gallego es el primer interesado en que se despejen las relaciones entre los empresarios y las centrales. Después de que el plan se retorciera al máximo para adaptarse a las reivindicaciones laborales, la huelga bascula ya hacia las subidas salariales en los convenios provinciales. Es por eso que la titular de Infraestruturas reservó ayer alguno de sus minutos en la tribuna de O Hórreo para dejar un mensaje hasta ahora inédito. «Me gustaría que se firmaran cuanto antes los convenios colectivos» , enfatizó.

Cierto es que la huelga era hasta el momento una protesta dual. Los sindicatos salían a la calle a movilizarse contra los riesgos del nuevo modelo de transportes, y de paso, abrirse camino en su reivindicación para mejorar las nóminas. «Siempre dijimos que era así», asegura a ABC Beatriz Meilán, secretaria de acción sindical de UGT. Pero lo cierto es que todos los pormenores del plan habían solapado la reformulación de los convenios, a expensas también de que se incrementara el presupuesto de las nuevas rutas.

Ahora, en consecuencia, se vislumbra el momento de abordar la segunda fase del conflicto. Y esta atañe casi en exclusiva a la patronal y los representantes de los trabajadores. Las centrales han entregado un documento a la patronal en el que se cuantifican sus propuestas. Solicitan modificar al alza los salarios un 5,8% en Pontevedra, un 3,9% en Orense, y un 3,6% en las provincias de Lugo y La Coruña . Las expectativas de que esto se materialice son sin embargo relativas, como reconoce el responsable de Comisiones, Marcos Pérez: «Quiero y necesito ser optimista. Si no, no voy a las reuniones» , confiesa a este diario.

El torrente de conversaciones vivido en las últimas semanas ha extenuado a los propios interlocutores sindicales. Incluso ha desgastado las relaciones entre ellos, como se comprobó en algunas asambleas celebradas en las estaciones. El último acercamiento suscrito con la Xunta concitó solo la firma de Comisiones y UGT: la CIG decidió quedarse a un lado . En un comunicado, los nacionalistas aclaran que no se sumarán al pacto mientras se mantengan «las cuestiones que provocaron el conflicto», como el veto a las empresas de trabajo temporal o la imposibilidad de que se externalice la contratación de los cuidadores de los autobuses. Habrá, según la Xunta, 146 personas más cumpliendo esta función: la de mediador en las líneas integradas por menores y viajeros ordinarios.

La cifra la aportó la propia conselleira y formó parte de una intervención jalonada de mensajes velados hacia la patronal. Uno de ellos tuvo que ver con la posibilidad de prorrogar la entrada en vigor de la primera fase del plan. Es la alternativa que proponen las federaciones del sector. «Tenemos un nuevo marco europeo que nos impide las prórrogas», matizó Vázquez , que recordó en varias ocasiones la decisión de las empresas de dejar de explotar casi seiscientas líneas desde el pasado verano de 2016.

La renuncia masiva obliga al Gobierno a poner en marcha su plan en agosto. E irá dando los pasos necesarios para que así sea. Hoy, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará la licitación de los 41 contratos. En total, 570 itinerarios rediseñados.

La Xunta defiende su esfuerzo por incrementar «sustancialmente» la dotación económica de los itinerarios. El propio Alberto Núñez Feijóo hizo ayer un llamamiento a las empresas a que estuvieran «tranquilas»: la administración autonómica se fajará para que ninguna compañía pierda dinero. Las concesiones, sostuvo el presidente, «tienen que mantener un equilibrio concesional» que garantiza la rentabilidad de los servicios y la supervivencia de las pymes en las zonas más despobladas del rural.

El optimismo exhibido por el Gobierno después de conseguir la adhesión parcial de los sindicatos contrasta con el de la oposición . El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, admitió que el del transporte « no es un problema fácil de resolver» pero «tampoco es fácil hacerlo peor» que la Consellería. Desde la bancada socialista, Raúl Fernández reprochó «el oscurantismo» adscrito a la reforma y las «prisas» del Ejecutivo autonómico por zanjar cuanto antes la cuestión. El diputado nacionalista Luís Bará auguró que el plan —«un experimento»— provocará el «desastre» en el sector por la obediencia de la administración a «intereses oscuros».