Las electrointensivas cierran filas con la Xunta y coinciden en rebajar costes

Para el departamento de Conde, lo crucial es que el Gobierno central adopte medidas urgentes que favorezcan un costo eléctrico que permita competir a Galicia con el resto de Europa. De ahí, se insistió ayer, la necesidad de aprobar un Estatuto de consumidores electrointensivos, que garantice un precio de entre 35 e 40 euros por megavatio y hora. La idea no es nueva, y prueba de ello es que la Xunta, de la mano de las electrointensivas de la Comunidad, ya envió sus propuestas a Madrid a principios de este año, un planteamiento que cayó en saco roto y que sigue sin respuesta once meses después, pese a la grave crisis que sobrevuela a estas empresas. A este silencio la Xunta respondió con la elaboración de un documento que recoge las líneas básicas que deben regir este Estatuto -tabla de salvación en casos como el de Alcoa- y que fue remitido a los principales partidos para apurar su aprobación por parte del Ejecutivo central.

La emergencia que sufre Galicia pasa por lograr una rebaja energética para plantar cara al resto de países de nuestro entorno, teniendo en cuenta el lastre que para estas compañías implica tener que dedicar «la mitad de sus gastos» -de promedio- a pagar la factura energética. Por eso, la consellería de Economía e Industria también lleva tiempo abogando por que, para que las cuentas cuadren, se tomen medidas de tipo fiscal. La apuesta gallega pasa, en este apartado, por la supresión del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica que deben costear todos los consumidores, ya sean grandes empresas, pemes o particulares; también reclaman la desaparición del céntimo verde al carbón.

Lejos de quedarse en una mera declaración de intenciones, la conversación a tres bandas de ayer concretó otros muchos aspectos que afectan al día a día de las electrointensivas gallegas y de los que pende su horizonte más cercano. Entre ellas, la necesaria reducción de las cargas y peajes recogidos en las tarifas de acceso, con el objetivo de equilibrar los costes de transporte con los del resto de Europa. También se incidió, con el beneplácito de los afectados, en el fomento de los contratos bilaterales a largo plazo y de la incorporación de la categoría de consumidor «hiper-electrointensivo».

Defensores de que su viabilidad «potencia la recuperación económica», las empresas con gran consumo de energía demandan una armonización de precios que les permita competir con garantías, exigiendo al Gobierno iguales «ventajas» que las que ya disfrutan países como Francia o Alemania . De que sean oídos dependerá el futuro de los miles de empleos del sector que, a estas alturas, penden de un hilo. Una plantillas inmersas en un dilatado calendario de movilizaciones y que se resisten a tirar la toalla en busca de una salida digna para sus comarcas.