La Comisión Galega da Competencia advierte una posible «ayuda de Estado» en la AP-9

Vázquez, que también volvió a remitir un informe previo, de 20 de mayo de 2020, del Consello Consultivo de Galicia —que establece que los incrementos de peaje, para compensar obras de ampliación de la capacidad de la vía, son «nulos de pleno derecho»—, adjuntó ambos documentos a una misiva, dirigida al secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, donde comienza haciendo hincapié en la «enorme preocupación en el Gobierno gallego» por la «evolución de los peajes de la AP-9 en los últimos años ». Para la Xunta, los «incrementos extraordinarios de las tarifas», establecidos tanto en el citado real decreto como en el 1359/2028, de 29 de octubre, resultan «improcedentes». Y considera el Gobierno gallego que comienzan a acumularse las evidencias.

El último asidero es el informe que obra en conocimiento del gabinete autonómico de infraestructuras desde el 1 de octubre. El análisis resulta contundente. La Comisión Galega da Competencia es muy clara en sus conclusiones , donde comienza indicando que «las sucesivas prórrogas de los plazos de la concesión de la autopista AP-9 en Galicia no puede ser bien valorada desde el punto de vista de la competencia». Añade que «la concesión una vez adjudicada implica un monopolio legal» y «el cierre del mercado al resto de operadores», de tal forma que «las sucesivas prórrogas impiden la concurrencia» de éstos, y «desaparece el mercado y la competencia en perjuicio de la propia Administración y de los consumidores».

Para la CGC, «la duración excesivamente larga de la concesión de la AP-9 ha implicado una alteración de los factores económicos, sociales, de movilidad y tecnológicos que se tuvieron en cuenta en el momento de su otorgamiento». Apenas se conservan elementos de la concesión de 1973, donde, por ejemplo, entre los «ofrecimientos complementarios» presentados al concurso, se recoge una «renuncia total por la concesionaria a la revisión de las tarifas durante los 10 últimos años del período concesional». Para la CGC, siguen «vigentes» y «deben de ser aplicados» a Audasa.

Yendo al sistema de compensación del Real Decreto de 2011, la comisión advierte de que su cálculo «en ningún caso debe servir para generar, por vía de incremento de las tarifas autorizadas por el Ministerio, un beneficio económico injustificado» para la concesionaria. Establecer una cantidad fija por los gastos de conservación « plantea muchas dudas por ser la cantidad percibida por Audasa no conforme con los gastos de mantenimiento ordinario de otras infraestructuras», recoge el informe. Además, se incluyen en los gastos a compensar «la conservación de tramos que ya formaban parte de la concesión existente y que eran obligación de la concesionaria». Finalmente, sobre la repercusión de la variación de la cuota del impuesto de sociedades, se apunta que «debe calificarse como una ayuda singular».

Con todos los datos en la mano, la CGC ve «excesiva» la compensación a Audasa por las referidas obras en Vigo y Santiago , ya que la concesionaria «percibirá una compensación muy superior a la que abonaría por la financiación de esas mismas obras un operador de mercado».

En cuanto a la posible «ayuda de Estado» que habría generado el Real Decreto del año 11 —con su «indemnización» a Audasa, al modificarse «determinados términos de la concesión»— se señala «en el sentido del artículo 107.1» del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «en la medida en que supondrá compensar con exceso (sobre compensación) a la empresa concesionaria por las inversiones ejecutadas ».

El informe se suma a la carta de emplazamiento que la Unión Europea remitió a la Administración General del Estado el pasado septiembre, con apertura de expediente por prorrogarse la concesión sin concurso, lo que dio pie a una denuncia de la asociación En Colectivo. La Xunta considera que se acumulan las razones para que « se revisen desde su origen, a la mayor brevedad posible, los expedientes que han derivado en las compensaciones otorgadas por parte de ese Gobierno a favor de la concesionaria», Audasa.

Vázquez demanda también, en su carta, «convocar, lo antes posible, una nueva reunión» de la comisión de la AP-9 . El gobierno gallego cree que resulta imperioso ante un «asunto de tanto calado» que «es motivo de una importante preocupación». Esto, «aún con las bonificaciones implantadas» por el Gobierno, «y, sobre todo, por la insuficiencia de las mismas para los vehículos pesados», reprocha la conselleira a Transportes.