La concesión de la AP-9 hasta 2048 se queda en la cuerda floja

El expediente abierto por la CE a España es similar al que en 2014 se inició contra Italia por ampliar la concesión en la autopista que a través de 237 kilómetros une Livorno, en la Toscana, con Civitavecchia, en la provincia de Roma. Pese a que, en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la UE dictó sentencia considerando ilegal la prórroga, los italianos continúan de momento abonando los peajes. La República se resiste a ejecutar el fallo y, este jueves, Bruselas le volvía a dar un tirón de orejas. Antes de llegar a la Justicia, la CE interpuso un procedimiento administrativo que es el que ahora acaba de empezar en el caso de la AP-9. Según recoge la sentencia del tribunal europeo, durante estas conversaciones, l a CE envió un dictamen motivado al Gobierno italiano instándole a poner fin a la concesión que estaba en entredicho . La prórroga ilegal se había firmado en el año 2009 y se prolongaría hasta 2046. Europa pedía que la concesión terminase en 2028, como estaba previsto en el primer contrato.

La AP-9 sufrió dos ampliaciones de la concesión desde que España entró en la Unión Europea y debe cumplir el derecho comunitario. La primera la ejecutó en 1994 el Gobierno del socialista Felipe González. La autopista iba a quedar libre de peaje en 2013, pero se decidió hacer gratuito el tramo Rande-Puxeiros a cambio de que Audasa siguiese disfrutando de la concesión otros 10 años, hasta el 18 de agosto de 2023. La concesionaria era entonces una empresa pública. En 1998 el Discover Enterprise se soltó de los muelles de la actual Navantia Fene destrozando la principal conexión con Ferrol, el Puente de As Pías. Dos años más tarde, ya con José María Aznar en La Moncloa, Audasa veía ampliado el periodo para gestionar la AP-9 hasta 2048 a cambio de prolongar la autopista. Y tres años después, en 2003, el Gobierno popular decidía privatizar la empresa que fue a parar a manos del grupo Sacyr.

Desde En Colectivo esperan que ambas prórrogas queden finalmente anuladas por la Unión Europea y la AP-9 quede libre de peaje. En una rueda de prensa en Vigo, el presidente de esta plataforma, Diego Maraña, explicó que incluso iniciarán una demanda colectiva para que los usuarios puedan reclamar los importes cobrados desde 2013 , año en que iban a desaparecer los peajes antes de las prórrogas. El diputado del BNG Néstor Rego avanzó que llevará al Congreso una serie de iniciativas con el objetivo de «suspender la concesión» de la AP-9 a Audasa. El objetivo es que la autopista pase a estar «libre de peajes», aseveró, según informa Ep.

Menos optimista se mostró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Señaló que la apertura del expediente, «mucha operatividad y mucho impacto en la situación de la autopista en Galicia no va a tener (...). Lo que puede haber es un aviso de un incumplimiento para que no vuelva a ocurrir». «No soy muy optimista de que esto vaya a tener algún impacto económico en favor de Galicia», indicó. Sí consideró Feijóo que la decisión de Bruselas «viene a justificar la solicitud del Parlamento y del Gobierno gallego «de la transferencia de la autopista a Galicia» porque son los gallegos «los que la usan y la pagan».

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene un plazo de dos meses para responder a la carta de emplazamiento que le enviará Bruselas. Podría intentar, como hizo Italia, defender las prórrogas aprobadas. Carlos Cenalmor, abogado de En Colectivo, señaló que es previsible que el Estado español trate de oponerse al proceso, o presentar alguna justificación. Pero precisó que «no va a tener razones para alegar», ya que el incumplimiento de la normativa comunitaria ha sido «muy flagrante».

Parece poco probable que el Ejecutivo vaya a anular directamente las prórrogas, dado que podría enfrentarse también a la reclamación de una indemnización por parte de Audasa. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que encuadró en «decisiones del pasado» la ampliación de la concesión de la AP-9, se mostró ayer «expectante» ante la posición que adopte el Gobierno estatal.