La UE expedienta a España por prorrogar sin concurso la concesión de la AP-9

«Según el Derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación», informó la CE en un comunicado de prensa. La carta de emplazamiento es el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción . España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por Bruselas; «de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado». Si la respuesta no convence a las autoridades europeas, en último caso podrían mandar a España al Tribunal de Justicia de la UE.

La asociación de consumidores En Colectivo, que defiende a los usuarios de la AP-9 por el cobro de peajes durante el periodo de obras en el puente de Rande, denunció la ampliación de la concesión de la AP-9 a Bruselas al entender que el procedimiento se había saltado diferentes directivas de la UE . A través de dos reales decretos, en 1994 y en el año 2000, el Gobierno español otorgó sendas prórrogas a Audasa, primero hasta 2023 y después hasta 2048. En Colectivo pidió a principios de 2020 a Bruselas que los analizase para ver si se adecuaban al derecho comunitario y, en caso de ser ilegales, que instase al Gobierno de España a anular las dos prórrogas y «la supresión de los peajes a favor de la economía de los gallegos».

La asociación viguesa se animó a presentar la denuncia después de que la Justicia europea analizase un caso similar en Italia. Junto con el expediente a España, la Comisión informó ayer que también enviará una carta de emplazamiento a este país porque todavía no ha ejecutado la sentencia dictada en septiembre de 2019. Entonces el Tribunal de Justicia de la UE consideró ilegal la prórroga a una concesionaria italiana al tratarse de una modificación sustancial del contrato original y no haberse iniciado un procedimiento nuevo de contratación , abierto a otros competidores.

La noticia de la apertura del expediente a España cogió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en medio de la rueda de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo. Preguntado por los periodistas, Feijóo reconoció que desconocía la decisión de la UE. Si hay un expediente, « el Gobierno de España tendrá que responder a ese expediente y motivar por qué hizo esto la Administración central , tanto estuviese gobernando el PSOE o el PP», se limitó a responder.

Más dura se mostró la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que calificó de «estafa» las prórrogas. «La reacción del Gobierno central debe ser poner fin a esta concesión y acabar con los peajes de la AP-9», reivindicó la líder de la oposición en Galicia. Pontón subrayó que esta es una vieja reivindicación del BNG compartida por la mayoría de la ciudadanía. Recordó, además, que «la mayor parte de las autopistas coetáneas de la AP-9 ya están libres de peajes o están a punto de caducar». Mientras, insistió, «gracias al regalo de las sucesivas ampliaciones del PP y el PSOE, Galicia tiene la losa de los peajes hasta 2048 en una vía esencial para el país». En su día las prórrogas se justificaron por hacer gratuito el tramo Rande-Puxeiros y el de Fene-Ferrol, después de que la ciudad quedase mal comunicada cuando un petrolero se soltó de los astilleros de Fene e impactó contra el puente de As Pías.

El viceportavoz parlamentario del PSdeG, Pablo Arangüena, reprochó que la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, por la que Bruselas expedienta a España, «es un regalo de 25 años de Aznar a la concesionaria que Feijóo nunca cuestionó».

La Autopista del Atlántico ha estado en el centro de la polémica en los últimos años. Retenciones kilométricas durante los veranos, obras como la del Puente de Rande que llegaron hasta la Justicia y precios elevados, que desde este verano se han visto reducidos sustancialmente con la vuelta gratuita en 24 horas que abonarán los presupuestos del Estado. Gestionada por Audasa, perteneciente al grupo Itínere, la concesionaria espera ingresar entre 2011 y 2048 —año en el que expira su derecho de explotación— hasta 9.561 millones de euros por el cobro de peajes en la vía que conecta Tui con Ferrol.

La apertura del expediente por parte de Bruselas, llega la misma semana que ha echado a andar en el Congreso un grupo de trabajo para la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia . La demanda de gestionar desde la Comunidad la vía de alta capacidad ha tardado en materializarse. La tramitación de la ley se remonta a mayo de 2017, cuando fue aprobada por unanimidad de los grupos en el pleno de la Cámara gallega. Desde entonces, el paso del texto por el Congreso ha sufrido distintos retrasos hasta que, en febrero de este año 2021, el pleno de la Cámara Baja aceptó finalmente su admisión.