Las cámaras antiincendios vigilarán casi la mitad del territorio gallego

Durante el pasado verano, la administración ya puso en marcha algunas experiencias «piloto», aunque con resultados dispares. Mientras que en algunos puntos las probaturas «fueron bien», como describió el presidente, en otros lugares los aparatos fueron víctimas de los destrozos. Ahora, la voluntad del Gobierno es hacer que la red sea «global», y ponerla a cargo de un centro de control que proporcione «información en tiempo real» las 24 horas del día . En la primera fase del proyecto, las cámaras se instalarán en 34 estaciones de Retegal, la empresa de telecomunicaciones propiedad de la Xunta.

Los pasos a seguir se retomarán en enero del próximo año, en el momento en el que el Ejecutivo licite los convenios de instalación. Dos meses más tarde, en marzo, el proceso avanzará con la adjudicación de los contratos, previa consulta pública al mercado para sondear los últimos avances en tecnología. El propósito final es que el sistema se encuentre plenamente operativo en mayo , y así poder incorporar la videovigilancia al arsenal de recursos que combatirán los incendios en la campaña de 2018.

Todas las medidas anunciadas por la Xunta a modo de respuesta contra la última ola de incendios cargan con el mensaje implícito de que los propietarios de l os montes deben hacerse responsables de sus propias parcelas. Si no, habrá consecuencias. Feijóo desgranó ayer el decálogo de reformas que su equipo debatió con la Fegamp, y que obligará a la administración a retocar aspectos técnicos, pero sustanciales, de hasta cuatro textos normativos: la ley de montes, la ley de movilidad de tierras, la ley de estructura territorial agraria y la ley de prevención de incendios forestales. En todas las modificaciones, la Xunta y los concellos ganan en agilidad para intervenir contra el abandono de los solares , sobre todo si se encuentran en las franjas de seguridad, en las que no podrá existir un solo eucalipto, pino o acacia, a lo largo y ancho de un perímetro de 50 metros respecto a viviendas e infraestructuras.

Uno de los cambios que mejor sintetiza esta filosofía es el que permitirá al Gobierno autonómico acceder a la finca de una residencia si la maleza de su interior pone en peligro la seguridad de propiedades colindantes y su responsable se niega a retirarla. Aquí el dilema legal está servido. La Xunta —hechas las consultas pertinentes a la asesoría jurídica— entiende que la inviolabilidad de la propiedad privada solo atañe al domicilio; y por tanto facultará a los trabajadores públicos para intervenir en los terrenos sin el consentimiento expreso de su dueño. «Lo único que vamos a hacer es limpiar. No creo que a nadie se le deba criticar por eso», suavizó el presidente.

La situación cambia si el propietario de un monte abandonado es desconocido o su localización resulta imposible. Entonces el Gobierno gallego se reserva la potestad para expropiarlo , siempre y cuando los costes de la limpieza sean superiores al valor catastral de la parcela.

Pero éstas no son las únicas directrices que ponen a los propietarios frente al espejo de sus propias obligaciones. La ley requerirá el establecimiento de franjas de seguridad en edificaciones situadas a más de 400 metros del monte, reducirá el plazo límite para efectuar las limpiezas del 30 de junio al 30 de mayo, y entregará a los ayuntamientos el poder para rozar una parcela ubicada en una zona de grave riesgo, sin tener antes que publicar un aviso en el DOG o el BOE.

Las reformas tienen un carácter esencialmente preventivo, aunque las hay que buscan reprender las negligencias reiteradas de los titulares. Además de la ventana abierta a la expropiación, si se incendia un terreno concentrado en mal estado, la ley obligará a sus responsables a correr con los gastos —proporcionales— de su extinción.

«Estas son las reglas de juego», terció Feijóo. «Nunca le ocurrirá nada a los propietarios que cumplen sus obligaciones. Al contrario, hay que protegerlos de otros que no las cumplen» . El mandatario autonómico reconoció los obstáculos culturales que todavía anidan en el rural de Galicia, pero hizo un llamamiento a transformar las reticencias en un «compromiso social» con el monte.

De acuerdo con la urgencia de la Xunta para acometer cambios en la ordenación forestal, todas las instrucciones serán incorporadas a la ley de medidas que acompaña a los presupuestos. Irán entrando en vigor en el primer trimestre de 2018: el año en el que se testará, videovigilancia incluida, la capacidad de Galicia para dar una respuesta efectiva contra las llamas.