Fiscalía dice que Cerdán logró «penetrar en un Gobierno al que era ajeno» para hacerse con mordidas

En un escrito de Fiscalía, recogido por ABC, explica que la beligerancia de la defensa contra los grabaciones subrepticias de Koldo García no tiene fundamento porque «aparecen completas, sin saltos ni supresiones y en principio mantienen su continuidad». Y aclara que si bien las mismas «no permiten precisar si el recurrente, más allá de su papel de cobrador de comisiones ilegales de Acciona (...) percibía también él mismo alguna cantidad» sí que parece «lógico que así fuera» y que «su papel en la organización no fuera el de mero intermediario».

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Javier Lillo

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Al hilo, entiende Luzón que «cobra fuerza» la declaración que prestó el empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en noviembre de 2024 cuando relató cómo se implicó con Koldo García en una licitación de una constructora cuyo nombre dijo prefería omitir y cómo el exasesor ministerial le explicó que había cupos y que «el cupo vasco es el de Santos Cerdán».

Para el Ministerio Público, otra cuestión que revela el decisivo papel que desempeñaba Cerdán en la organización criminal es la «influencia desplegada por él en los nombramientos de cargos clave en el ministerio del recién nombrado ministro José Luis Ábalos» en 2018.

Por otro lado, el jefe de Anticorrupción critica en su escrito severamente la declaración realizada por Cerdán ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente el pasado 30 de junio. Recuerda que rehusó responder a las preguntas del juez, del fiscal y del resto de partes y se sometió «exclusivamente al interrogatorio de su letrado quien repasó, en formato de complaciente entrevista, algunas de las conductas que se le atribuyen».

A ese adjetivo de «complaciente» añade Luzón que también fue cuestionado por asuntos que carecían de relevancia penal, «parte de ellos de contenido estrictamente político». Así, lamenta que «las explicaciones aportadas fueron claramente insatisfactorias» y no permiten «desvirtuar el amplísimo caudal de indicios incriminatorios que le rodean».

Con todo, donde más hincapié hace Luzón es en las grabaciones encontradas en el registro del domicilio de Koldo García que, a su juicio, revelan el concreto papel de Santos Cerdán «como responsable de repartir las dádivas recibidas y de solicitar su pago a los beneficiarios de tales adjudicaciones».

Sobre esos audios, indica que Cerdán en su declaración judicial no cuestionó tanto tanto el contenido de las grabaciones como que no recordaba haber mantenido las correspondientes conversaciones y que, en todo caso, las mismas serían incompletas o estarían descontextualizadas.

Pero insiste en que las grabaciones «aparecen completas, sin saltos ni supresiones y en principio mantienen su continuidad». Añade que resultan en la mayor parte de los casos «inequívocas» y aparecen relacionadas con otro abundante material documental como son las conversaciones de mensajería instantánea mantenidas por Koldo García con José Luis Ábalos y el propio Santos Cerdán.

Sobre la tesis de la defensa de Cerdán de que que Koldo García provocaría el delito con esos audios, Luzón considera que se desmonta sin esfuerzo porque «en efecto, el autor de la grabación no mueve a la decisión de delinquir a quien no tenía propósito de hacerlo, sino que, presumiblemente, pretendía documentar y conservar para sí la acreditación de una infracción delictiva previa, ya cometida o incluso que se estaba cometiendo».

En cuanto al argumento de que Cerdán en realidad no tuvo relación con la empresa de Antxon Alonso, Servinabar, Anticorrupción apunta que se da una «inequívoca vinculación del ex número tres del PSOE con la mercantil».

Tras repasar esa vinculación remata subrayando que «la relación patrimonial de Santos Cerdán con Servinabar resulta incuestionable a la luz del contrato privado de compraventa de fecha 1-6- 2016 intervenido en el registro» del domicilio Antxon Alonso.

Incide que en virtud de este contrato Antxon Alonso vende a Santos Cerdán 1.350 participaciones sociales y que si bien el político preso quita importancia al documento, que rebaja a mero borrador de escritura «en puridad no lo es».

«Se trata de un documento fechado, sellado y firmado en todas sus páginas por comprador y vendedor denominado escritura de compraventa de participaciones sociales que, en efecto, no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta«, puntualiza.

Así, considera que el mismo «despliega plenos efectos entre las partes» y recuerda que esta operativa es «literalmente de manual de ocultación de titularidades reales» porque se deja la operación fuera del registro del Organismo Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP).

En cuanto al «llamativo interés» de Cerdán por las obras investigadas, Luzón indica que constituye otro «poderoso indicio de criminalidad» a pesar de que argumentara que «su interés era meramente político, pues se trataba de obras que quería fueran inauguradas antes de las correspondientes elecciones municipales para obtener un deseado rédito electoral».

Subraya que no puede desconocerse que estas obras fueron «todas adjudicadas mediante una privilegiada valoración subjetiva a la misma empresa constructora que, presuntamente, habría pagado las correspondientes mordidas a Ábalos y Koldo García.

Tras esto, el fiscal explica que el reproche de que se está ante una investigación prospectiva e ilimitada en el marco de una causa general es infundado. Y repite que el papel de Santos Cerdán en la organización era «capital» por su «posición funcional» en la organización criminal.

Además, mantiene que existe riesgo de destrucción de pruebas porque hoy por hoy se da un «desconocimiento de las comunicaciones de Santos Cerdán con la parte activa de la corrupción». Añade que incluso se desconoce la identidad de esa parte activa «y los detalles de sus relaciones con ésta».