Feijóo contraataca y Sánchez se mueve: tanteo entre reproches por el CGPJ y la vacante del TC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó ayer que está dispuesto a llamar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abordar una «renovación sin condiciones» del CGPJ. Una llamada que se produciría antes de final de año. Fuentes del PP manifestaron poco después que si efectivamente se produce esa llamada, Feijóo acudirá a la cita. Aunque en el PP estaban muy molestos por tener que enterarse por los medios de esa eventual llamada.

Y es que ayer Sánchez y Feijóo compartieron espacio físico. Separados por apenas unos cientos de metros y, sin embargo, no consta que se cruzaran palabra. Desde el PP sí dejaron claro que la llamada tiene que llegar de La Moncloa, y que el líder de la oposición no debe tomar la iniciativa. Algo que considerarían un nuevo caso de «involución democrática». Un encuentro en el que también se puede abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido» en el artículo que hace referencia a las personas con discapacidad. También es de interés del Gobierno y del primer partido de la oposición abordar la cuestión de la financiación autonómica. Son los tres elementos a los que limita La Moncloa la posibilidad de interlocución. Desde Génova, insisten en que se acepta la reunión. Pero dejan muy claro el mal punto de partida en el que se encuentran las relaciones: «Si el presidente llama a Feijóo, irá, pero le gustaría no tener que enterarse del orden del día de sus reuniones con el presidente por los medios».

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En su declaración ante los periodistas antes de participar en el acto de homenaje a la Constitución, en la que al contrario que Feijóo no aceptó preguntas, Sánchez insistió en que la Constitución «no pertenece a ningún partido político» y aseguró que «frente a quienes dan lecciones de constitucionalismo hay que recordar que la mejor manera de defenderla es cumplirla todos los días del año y todos sus artículos». Y refiriéndose de manera expresa a la renovación del CGPJ, recalcó: «Se han acabado las excusas y es el momento de cumplir, pasando de las proclamas a los hechos, cumpliendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años en funciones».

Pero lo cierto es que la apelación también afecta al propio presidente. Porque el PP viene materializando en las últimas 48 horas un movimiento importante. Feijóo insistió en la idea de que su planteamiento pretende «garantizar la independencia» de los jueces mientras que el Gobierno pretende controlarlos, «justo lo que rechaza la Constitución». Feijóo manifestó su voluntad de «poder avanzar» en este ámbito, pero siempre garantizando que no será «cómplice» de un intento de apoderarse de ese poder del Estado: «Hay un dique en favor de la independencia del Poder Judicial y lo mantendremos firme. Deberíamos ponernos de acuerdo con su independencia, pero este Gobierno igual no cree en ella. En ese caso estaremos deslizándonos por una pendiente peligrosísima».

El plan que plantea ahora Feijóo es claro. Está dispuesto a abordar una renovación del CGPJ si PP y PSOE suscriben conjuntamente una proposición de ley. Y una vez arranque la tramitación, que podría acelerarse por la vía de urgencia, proceder a la renovación del órgano. En el PP se muestran muy seguros de que su postura es la que mejor encaja con las demandas de la Comisión Europea, ya que es la que conjuga la renovación del órgano y la reforma del sistema de elección. Y explica en buena medida el movimiento del PP para clarificar su posición.

En el PP son muy reacios a cualquier pacto con Sánchez cuando la próxima semana va a iniciarse la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. De hecho el año pasado el pacto termina rompiéndose por enorme presión que sintió el PP al ver como ese eventual pacto podía coincidir con la supresión del delito de sedición en el Código Penal.

Y es que la aproximación del PSOE es distinta: hay que renovar ya el CGPJ y, en el mejor de los casos, una vez eso esté garantizado, puede haber «diálogo» sobre un cambio en el modelo. Para el PP esa referencia a un diálogo futuro no es suficiente. Y lo vivido ayer en el Congreso no parece que pueda interpretarse más que como un marcaje táctico. Un acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ casa mal con una estrategia de oposición que pone el centro de la crítica en el afán controlador de Gobierno sobre las instituciones del Estado.

En este sentido, el líder de la oposición manifestó que no puede «ser cómplice del control de las instituciones del Estado», en referencia a esta eventual reforma del CGPJ. Feijóo considera que la amnistía es una «pendiente peligrosísima» y una «derogación tácita de la Constitución».

El choque se sustancia además en todos los frentes. Respecto a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de solicitar ya a la Fiscalía en Cataluña aquellas causas que pueden verse beneficiadas por la ley de amnistía, Feijóo criticó que «en muchas resoluciones el fiscal general parece un miembro del Consejo de Ministros», algo que considera que produce «bochorno» y es «grosero».

Lo cierto es que Sánchez lleva días diciendo que contactará con el líder del PP sin detallar cuándo se producirá el momento. Ayer manifestó esa voluntad de que haya un encuentro antes de final de año. Desde el PP, fuentes de la dirección aguardan la llamada con advertencias: «No se puede establecer una negociación desde la mentira y el engaño».

Algunas fuentes del Gobierno ven, no obstante, interés en el PP. Algo que vinculan a que, en paralelo, los populares tienen interés en cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional. Lo que el propio Feijóo anunció anteayer que impulsará en las próximas semanas y que estrecharía la ventaja del sector progresista en el TC. Pero de cara a la opinión publica el PSOE no quiere vender la idea de que la renovación del CGPJ sea una transacción con el PP. Sánchez insistió ayer en que no admitirá que el PP ponga «condiciones» a la hora de renovar el órgano y le reclamó abandonar «las excusas y pasar a los hechos» porque la «alternativa» solo conlleva una «situación irresponsable y absurda». La parte socialista del Gobierno no quiere hablar de una reforma legal que vuelva a plantear, como le piden sus socios, la rebaja de las mayorías para renovar el CGPJ, porque es algo que rechaza Bruselas. Pero en el Gobierno sí se debaten cambios legales para superar la situación actual.