El exministro Fernández Díaz pide que el PP se siente en el banquillo por la operación Kitchen

«Del propio relato fáctico de los escritos de acusación, se desprende que el origen y epicentro de los hechos presuntamente delictivos fue el espionaje y la sustracción a la familia Bárcenas de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados», razona el escrito, al que tuvo acceso ABC.

Considera que, siendo así, «y solicitándose una condena en vía de responsabilidad civil, que se acoge y refleja en el propio auto de apertura, resulta obvio, coherente y necesario incluir al PP como partícipe a título lucrativo».

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Es la primera vez que Fernández Díaz hace un movimiento en la causa que puede perjudicar al PP o a sus dirigentes. Durante los años que este asunto ha permanecido en instrucción, su línea de defensa se ha centrado en negar que tuviera conocimiento alguno de nada parecido a la operación Kitchen, pese a una batería de whatsapp aportados por Martínez que comprometían su versión. Nunca ha señalado a nadie dentro del gobierno del que formaba parte ni tampoco en la sede de la calle Génova.

No ha sido en cualquier caso, quien ha liderado la iniciativa. Se adhiere a una petición que elevó el PSOE con su escrito de acusación contra el propio Fernández Díaz, Martínez y una docena de mandos policiales en relación al presunto operativo policial desplegado desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación comprometedora para el Partido Popular que pudiera conservar en pleno estallido del caso Gürtel.

El juez instructor Manuel García Castellón rechazó la pretensión en el mismo auto con el que sentó a todos los imputados en el banquillo. Sostenía que terminada la instrucción y no habiéndose dirigido en ningún momento la causa contra el PP como persona jurídica, no cabía exigirle ahora responsabilidad civil. Sí recogía, sin embargo, la de la Administración General del Estado, a la que Anticorrupción señaló como responsable por ser los acusados cargos públicos en ejercicio de sus funciones.

El PSOE recurrió, como también Francisco Martínez, para que la Sala incluya al partido como responsable, atendiendo a que el propio relato de hechos que recoge las conclusiones de la investigación, le sitúa como principal beneficiado de aquella supuesta operativa ilegal, pues era a altos cargos del PP a quien se habría intentado proteger consiguiendo esa documentación que se presumía en poder del tesorero.

Ahora, es Fernández Díaz quien eleva la misma reclamación, haciendo suyos los argumentos jurídicos de los dos mencionados para que se rectifique el auto de apertura de juicio oral e incluya también al PP.