El exministro declina por ahora pactar con la Fiscalía porque «no hay de qué inculparse»

Sometido a una «enorme presión» por tierra, mar y aire, trata de articular una defensa, una estrategia que nunca ha tenido muy definida «más allá de defender su inocencia», aseveran a ABC fuentes de su confianza. El exministro de Transportes se está agarrando «a la trazabilidad del dinero», a que puedan decir que le han dado no se sabe cuántas comisiones pero el dinero no ha aparecido. Pudo gastárselo, según las principales hipótesis de la investigación, pero las cifras siguen sin cuadrar. El famoso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejaba entre 600.000 euros y un millón en mordidas, pero sería una cantidad ridícula en la adjudicación de obras de varias decenas de millones de euros. De hecho, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente hizo un cálculo en su auto: en el menor de los casos, las obras investigadas deberían haber reportado cinco millones de euros en comisiones. Una cantidad que, al menos de momento, no aparece. Y no, desde luego, en el informe patrimonial preliminar que se hizo sobre Ábalos.

Pese a estos asideros, el abogado del también exsecretario de Organización del PSOE, José Aníbal Ávarez, se reunió hace unas semanas con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para sondear algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público. Al reconocido penalista madrileño le preocupa que su cliente se enfrente a una condena de en torno a los doce o catorce años de cárcel, pues se le imputan delitos tan graves como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Colaborar es reconocer hechos y que se le aplique el artículo 21 del Código Penal, los atenuantes que le permitan dos grados menos en la condena. Cabe recordar, además, que el hijo mayor de Ábalos, Víctor, está siendo investigado y que su hija también ha aparecido en la causa por una transferencia. La Fiscalía no le va garantizar nada por escrito, pero la colaboración se agradece, como ha ocurrido con el comisionista Víctor de Aldama, que logró dejar la prisión preventiva.

Por otro lado el letrado, según fuentes conocedoras, es plenamente consciente de que a su patrocinado «no le han encontrado un duro», a lo que se agarra el propio Ábalos. Ahí entra la, al menos de momento, firme voluntad del exministro de Transportes de pelear su inocencia: «¿Qué coño reconozco si yo no me he llevado nada? ¿De qué me inculpo?», ha dicho a su entorno. «¿De Jésica?», añade. Sabe Ábalos que a la joven la colocaron en Ineco y en Tragsatec, y que eso podría ser un delito, pero lo ven como un enchufe más. Respecto al lujoso apartamento en la plaza de España de Madrid que pagaba un socio de Aldama y que podría constituir al menos un delito de cohecho impropio, Ábalos y su abogado también ven posible la defensa, pues el alquiler se siguió abonando después de que terminara la relación sentimental entre ambos.

Además, el último informe de la UCO sitúa al frente de la trama a Santos Cerdán, motivo por el que su predecesor en la Secretaría de Organización del partido puede presentarse como alguien al que «influir», tanto por parte de Santos como del que fuera su subordinado Koldo García, que mostraba mayor iniciativa.

Además, todo apunta a que la trama siguió actuando después del cese de Ábalos como ministro, en 2021, aunque los investigadores tratan de demostrar que él tenía ese interés.

Otra opción que se plantean en el grupo de José Luis Ábalos es que dé información de terceros, de otros que hayan podido obtener beneficios de la presunta trama corrupta. Un nombre que ha parecido es el del exministro de Fomento y ahora lobista José Blanco, al que Ábalos citó en su declaración en el Tribunal Supremo. También de alguien de «más arriba», pero este tema no está maduro. Fuentes conocedoras del encuentro entre el abogado José Aníbal Álvarez y el fiscal jefe Anticorrupción sostienen que Alejandro Luzón bromeó con la colaboración que le ofrecía Ábalos por escasa.

Otro tema que sobrevuela la investigación y que sería un enorme salto cualitativo es el de la posible financiación ilegal del PSOE, pero por ahí tampoco va la posible colaboración de Ábalos, pues él lo niega. Asegura que en su etapa o, como mínimo, con su responsabilidad o conocimiento no hubo financiación irregular del partido.

Respecto a la estrategia de Koldo García, el otrora asesor ministerial se la jugó negándose a declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que bien pudo haberlo enviado a prisión. De hecho, Koldo llevó ropa y enseres personales por si del Supremo salía camino de Soto del Real. Su abogada, Leticia de la Hoz, optó por una estrategia arriesgada, pero le salió bien. Argumenta que estaba recién nombrada, pues el anterior letrado de Koldo García había dejado su defensa, y que no había tenido tiempo de estudiar toda la causa en lo referente al exescolta, aunque sí conoce lo que afecta a su hermano, Joseba García, y a su exmujer, Patricia Uriz, a los que ya representaba. Teniendo en cuenta esta circunstancia, enviar a Koldo a la cárcel podría haberse interpretado como una indefensión.