La exdirectora del CNI no podrá aportar al juez ningún detalle del caso Pegasus

La actividad del CNI está sometida al poder legislativo, que aprobó la ley que la rige; al judicial, a través de un juez del Tribunal Supremo, que autoriza o no las medidas que puedan suponer un menoscabo de derechos fundamentales de las personas, y está subordinado asimismo al Ejecutivo.

Todas las actuaciones del CNI en relación con los 18 independentistas espiados con ese programa estuvieron avaladas por el juez del Supremo que supervisa las actividades del Centro, tal como explicó en su día Paz Esteban en su comparecencia de mayo de 2022 ante la comisión de Secretos Oficiales del Congreso. De hecho, el magistrado del Alto Tribunal, Pablo Lucas, no ha denunciado irregularidad alguna en la utilización de esa herramienta por parte del servicio de Inteligencia, de modo que no ve delito alguno en todo ese asunto.

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Elena Burés

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Por eso sorprende aún más la actuación del juez de instrucción de Barcelona, que con su decisión de citar como investigada a Paz Esteban la coloca en una situación de indefensión, ya que la Ley de Secretos Oficiales le obliga a guardar silencio sobre todo lo que haya conocido por su trabajo en el CNI. Por ello, la exjefa del Centro no podrá responder ni a una sola de las preguntas que se le hagan en relación con la utilización del programa Pegasus para monitorear al secesionismo; de lo contrario, puede incurrir en un delito de revelación de secretos.

«No es un secreto de Paz Esteban respecto a otra persona, sino respecto al Estado. No se puede olvidar que el juez la llama en razón de su cargo», advierten fuentes judiciales.

El juez va a pedir la desclasificación de los documentos que afectan a este asunto, pero corresponde al Gobierno acceder o no a ello. En cualquier caso, si toma esa decisión, sin duda arriesgada y polémica, tiene que levantar el secreto sobre alguno o algunos muy determinados, no de forma genérica, y es incluso dudoso que aun así Paz Esteban pudiera declarar sobre ellos, ya que sus respuestas podrían exceder la materia concreta desclasificada.

Las fuentes consultadas por ABC explican que se trata de una situación sin precedentes, porque nunca una desclasificación de documentos había dado lugar a una declaración ante un juez de un responsable de los servicios de Inteligencia. También es cierto que nunca como en los últimos años se había zarandeado al CNI como parte de una estrategia política, en el caso del secesionismo para presentarse como una víctima y en el del Gobierno de Pedro Sánchez para seguir en el poder, despreciando además las dos partes el daño a un organismo clave para la seguridad nacional.

Pero el juez de Barcelona va aún más lejos cuando solicita al magistrado del Tribunal Supremo que controla las actividades del CNI que le remita las resoluciones judiciales por las cuales se autorizó la actuación sobre el teléfono de Aragonès, que también están afectadas por el secreto. Además reclama al CNI información relativa a la compra y posible uso de Pegasus y sobre las «concretas personas» que actuaron en nombre de este organismo en los procesos de encargo, compra y recepción del programa y si se utilizó para espiar a Aragonès. De nuevo, según las fuentes, todas ellas son materias reservadas.

El instructor también pide al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno que concreten si el CNI o cualquier otro organismo gubernamental español ha adquirido o utilizado Pegasus, unos datos sobre los que también pesa el secreto.

Fuentes judiciales consultadas por ABC destacan lo absurdo del modo de actuar del magistrado, que cita a declarar a Paz Esteban cuando aún no dispone de la información mínima necesaria para armar el caso. «Es de una enorme inconsistencia procesal, porque ordena que comparezca como investigada y al mismo tiempo reconoce que le faltan muchos datos. O lo que es lo mismo: no hace diligencias esenciales para acreditar el hecho y las personas que lo cometieron, pero cita a Paz Esteban para interrogarla».

Es más; algunas fuentes consultadas por ABC explican que el juez ni siquiera puede dar por confirmado que Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus, porque no conoce el contenido de los autos del juez del Tribunal Supremo que autorizó la utilización de la herramienta para monitorizar a 18 personas. Sin embargo, lo hace porque da por bueno un informe de parte, en el que se han detectado errores importantes, pagado por alguien no se sabe con qué intenciones.

A los expertos jurídicos consultados les llama la atención que la Abogacía del Estado no haya intervenido ya para parar el despropósito, que tensiona los servicios de Inteligencia. Tiene la obligación de personarse en la causa, para defender al Estado y también a la exdirectora del CNI .

El juez del caso, Santiago García, fue el que llamó a declarar como imputado a Pablo Casado por unas declaraciones en las que dijo que había «profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños» porque hablaban en castellano. Finalmente, archivó la querella de la Generalitat, eso sí tras tildar las palabras de Casado como «poco acertadas y refutables», lo que no deja de ser una opinión personal.