Europa bloqueará la resolución si considera que la leyes una autoamnistía

De esta manera, lo que diga Luxemburgo es determinante, ya no por el efecto sobre los beneficiados de la aplicación de la ley, que no variará, sino por su eco político a nivel nacional. El TJUE, que ha convocado para el 15 de julio una audiencia sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, tiene sobre la mesa la opinión de la Comisión Europea sobre el asunto, una valoración que habla de «autoamnistía».

Noticia Relacionada

Tranquilidad en el Supremo: la sentencia del TC «no nos afecta»

Nati Villanueva

El Constitucional no entra a valorar la malversación, cuenta pendiente del 'procés'

«Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», señala la Comisión en sus objeciones al TJUE, cuya sentencia se espera para el mes de noviembre.

Con esta decisión pendiente, tres de los cuatro magistrados de la minoría pidieron a sus compañeros, liderados por el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, que se elevase el asunto a Europa con una cuestión prejudicial o al menos que se esperara a la respuesta de las consultas en curso. La solicitud fue rechazada. Y este choque, y advertencia a su vez, queda recogido en el voto particular de Enrique Arnaldo.

Este magistrado recuerda que «la más elemental lógica jurídica y la prudencia exigen que sea el Tribunal de Justicia [de la Unión Europa] el que se pronuncie primero sobre si la ley de Amnistía es conforme o no con el Derecho europeo porque, si no lo es, ya no podría ser aplicada en España». Apunta, igualmente, que, tras el pronunciamiento del TJUE en caso de que la norma no se ajuste a los parámetros europeos, el Constitucional «ya no tendría que resolver ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra la norma al ser esta inaplicable».

Por otro lado, no está previsto que el Constitucional aborde antes del verano ninguno de los recursos de amparo relativos a la inaplicación de la ley al delito de malversación por parte del Supremo. Entre ellos estará el de Puigdemont, que tras el portazo del Supremo a su último recurso, ya tiene abierta esta vía.