El secreto profesional no se negocia

El Ilustre Colegio de la Abogacóa de Madrid (ICAM) denunció entonces con firmeza la extrema gravedad de la publicación, por parte de la Fiscalía, de datos concretos de diligencias de investigación, incluyendo fechas y contenido de conversaciones mantenidas entre un abogado y el Ministerio Fiscal, todo ello en una nota oficial. Esto, por sí mismo, ya supone, a juicio de este Colegio, una vulneración inaceptable del secreto profesional, un derecho que no pertenece al abogado, sino al ciudadano. Este ataque al secreto profesional es, en esencia, un ataque al Estado de Derecho mismo y a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española.

Por ello, la Junta de Gobierno del ICAM ha adoptado todas las medidas necesarias, impulsando acciones que garanticen el respeto al secreto profesional y protejan el ejercicio libre e independiente de la abogacía.

El Estatuto de la Abogacía, reconoce en su artículo 22 el derecho y deber de los abogados a preservar en secreto toda comunicación con sus defendidos y con la contraparte en el proceso. A su vez, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4.5, impone un deber de reserva y discreción que ha sido flagrantemente ignorado. La violación de estos principios no es solo un atentado contra la abogacía; es un ataque directo a las garantías fundamentales de los ciudadanos y a la integridad de nuestro sistema judicial.

El Tribunal Supremo ha estimado oportuno escuchar mi testimonio como testigo en la causa por presunta revelación de secretos, dada su trascendencia para la abogacía. Esta diligencia no es un mero trámite: responde a la necesidad de esclarecer hasta qué punto se han visto afectados principios esenciales como la confidencialidad y la reserva, y si se han derivado perjuicios corporativos para la abogacía. La trascendencia de este proceso va más allá de los hechos concretos; está en juego la credibilidad de nuestras instituciones.

En otro tiempo, la abogacía fue testigo de cómo ciertos principios esenciales del derecho de defensa se debilitaban sin que se ofreciera una respuesta a la altura del desafío. Pero esta vez, el ICAM ha decidido no permanecer en silencio ni asumir el papel de mero espectador ante un ataque que golpea el corazón de nuestra profesión. Frente a quienes creen que el poder puede imponerse sobre las garantías, la abogacía madrileña se alza con determinación. La revelación de comunicaciones protegidas entre abogado y Fiscalía no es un incidente menor ni un error circunstancial: es un punto de inflexión.

No basta con señalar la gravedad de lo ocurrido; es necesario responder con la misma contundencia con la que se han vulnerado nuestros derechos. No podemos aceptar que quienes ostentan el poder impongan su lógica sin una respuesta proporcional. La abogacía madrileña no permitirá que se erosione el derecho de defensa ni que se siente un peligroso precedente. No seremos un gremio silenciado ni nos someteremos a una justicia desigual, donde el equilibrio de fuerzas se quiebre en favor del poder. Los principios sobre los que se asienta el Estado de Derecho no se cuestionan ni se relativizan. Se defienden sin fisuras. Porque sin abogados libres e independientes, sin secreto profesional garantizado, la justicia deja de ser justicia. Y eso es algo que, como colectivo, como Colegio y como sociedad, no podemos permitir.

Sabemos que la batalla no será sencilla. Como tantas veces en la historia, el abuso del poder se reviste de normalidad y las garantías se presentan como obstáculos incómodos. Pero la abogacía no es ni será nunca un colectivo sumiso. Somos la última frontera entre el ciudadano y el abuso, entre la justicia y la arbitrariedad. Y esta vez, hemos decidido resistir.