España negocia con Reino Unido eliminar la Verja de Gibraltar para favorecer la movilidad de personas

Más de un año y nueve rondas después, Albares calificó las últimas negociaciones de «muy positivas». «Confiamos que terminen lo antes posible y de la mejor forma posible», destacó. Tanto es así que el Gobierno se muestra optimista con que el acuerdo se firme «antes de que termine el año».

Hace unas semanas, España y la Comisión Europea presentaron una propuesta global a Reino Unido en la que el Gobierno plantea, entre otras cuestiones, «eliminar la Verja para favorecer la movilidad de personas y bienes entre la UE y Gibraltar». Si el Gobierno británico aceptase el acuerdo, esta medida beneficiaría a los 150.000 trabajadores transfronterizos y a los 270.000 habitantes del Campo de Gibraltar, que tras el Brexit han sufrido controles más estrictos –con retenciones diarias de más de dos horas para cruzar de un lado a otro– en la Verja.

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«El objetivo de la negociación es el establecimiento de un nuevo marco jurídico tras el Brexit que establezca las nuevas relaciones entre España y Reino Unido respecto a Gibraltar», explicó Albares, al tiempo que añadió que estos territorios «son mutuamente dependientes».

Sobre la propuesta de acuerdo, el ministro indicó que «busca que haya unas reglas a ambos lados» con la intención de que el Peñón sea «una zona de prosperidad compartida». Para ello, aportan «soluciones técnicas y prácticas muy razonables», que «son necesarias» para el nuevo marco de entendimiento entre España y Gibraltar y que, además, son «respetuosas con nuestras respectivas posiciones jurídicas».

Hace ya semanas que Reino Unido tiene sobre la mesa este escrito, donde –según Albares– «España ha demostrado un notable grado de flexibilidad y pragmatismo para buscar soluciones al escenario que se nos ha planteado en Gibraltar tras el Brexit». En este sentido, el ministro indicó que es decisión de Reino Unido firmarlo o no. «No podemos estar eternamente en esta situación», advirtió.

La propuesta «incluye disposiciones sobre la movilidad de personas» que persiguen el «objetivo de la supresión de la Verja y garantizar así la plena fluidez del tránsito de personas»: «Esto exige que España pase a controlar, en nombre de Schengen, las fronteras exteriores de Gibraltar y que, para ello, pueda ejercer determinadas funciones y competencias, necesarias para proteger la integridad y seguridad de ese espacio».

Se trata de una cuestión muy sensible si se tiene en cuenta que, de aceptar, Reino Unido tendrá que tener agentes españoles en Gibraltar, lo que supondría dar un cambio histórico a su postura sobre el Peñón. En relación con este asunto, Albares insistió en que la posición de España sobre «la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar permanece inalterada»: «Ni el futuro acuerdo, ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implicarán renuncia alguna, ni modificación de la posición jurídica de España con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar».

El escrito prevé también «la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de prestaciones sociales en Gibraltar». Propone, además, «garantizar la libertad de movimientos de bienes entre la UE y Gibraltar». Todo ello sin que esto «incremente los riesgos para el mercado interior de la UE, muy en particular, para los operadores económicos de la zona en materia de competencia desleal o de tráficos ilícitos, como, por ejemplo, de tabaco». En este caso, al desaparecer los controles aduaneros entre España y Gibraltar, «igual que en materia de personas, exigirá que España, en nombre de la UE, ejerza funciones de control y protección del mercado interior».

Esta propuesta persigue también que se preserven «las condiciones de competencia justa y leal», con el fin de que los operadores económicos en Gibraltar «compitan en condiciones similares a las del resto de operadores económicos de la UE y, muy en particular, de la zona del Campo de Gibraltar».

Además España y la Comisión Europea plantean también nuevas disposiciones para «garantizar elevados estándares de protección medioambiental y de protección en materia de seguridad nuclear», con el fin de que se establezcan «las máximas garantías frente a potenciales daños medioambientales que afectan a toda la zona, así como de evitar una competencia económica desleal y un mecanismo financiero para programas de formación y empleo en la zona».

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y portavoz del resto de acaldes del Campo de Gibraltar, se mostró menos optimista que Albares sobre la firma del acuerdo con Reino Unido.

«Los campogibraltareños vemos el día a día, y los gibraltareños están cómodos como están: lo tienen todo. No vemos que vayan a cambiar de criterio», afirmó Landaluce. Y añadió: «Creo que la Unión Europea y España tienen que presionar a los británicos y llegar a un acuerdo de una vez por todas. Yo no soy nada optimista con que este acuerdo se firme». Landaluce denunció que no haya ningún representante del Campo de Gibraltar en las negociaciones.

Aunque Albares recordó que fue Reino Unido quien decidió salir de Europa, lo cierto es que las consecuencias directas de no llegar a un acuerdo –que implicaría conservar la Verja y que continúen los duros controles– supondrían un problema de paro en España y de desabastecimiento para un motor de la economía británica, que se nutre de españoles que trabajan en Gibraltar. Por suerte, parece que ninguna de las partes tiene intención de volver al único antecedente que se ha dado de cierre de la Verja, que todavía se recuerda en la Línea de la Concepción y que se remonta al 8 de junio de 1969: cuando España cerró la frontera con Gibraltar. Fueron trece años de aislamiento que separó familias, hundió negocios y cambió para siempre la historia de la zona.