La Comisión de Venecia cuestiona la forma de tramitar la amnistía

Los primeros por boca del biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños -que les recibió a primera hora-, de los diputados y senadores del PSOE y de los grupos independentistas. Y los segundos por parte de los representantes del Partido Popular (PP) y Vox. Los ‘venecianos’, como se les empezó a bautizar coloquialmente a lo largo del día, tuvieron sesión matutina en el Congreso, donde se reunieron con la comisión de Justicia, y vespertina en el Senado, donde fueron recibiendo sucesivamente al presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, y al resto de grupos.

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También por la tarde se reunieron con los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que les hicieron entrega de un dosier con su posicionamiento sobre la ley y las acusaciones de ‘lawfare’ de los socios del Gobierno.

Los miembros de la delegación preguntaron en la comisión de Justicia sobre esas acusaciones de guerra sucia judicial lanzadas por la izquierda y a las que el PSOE y algunos miembros del Gobierno han dado carta de naturaleza, señalando en concreto al juez Manuel García-Castellón y a su instrucción de la causa de Tsunami Democràtic. Con la información recabada de viva voz, y con las preguntas por escrito que ahora harán a los representantes españoles, elaborarán un informe que en principio estaba previsto para el 15 de marzo, pero que los grupos de la oposición les reclamaron que estuviese listo antes, algo a lo que abrieron la posibilidad.

En el Congreso, preguntaron al PSOE por la tramitación de la norma, y en concreto por el hecho de que se haya vehiculado a través de una proposición de ley y no mediante un anteproyecto del propio Gobierno, lo que permite a Pedro Sánchez, como en otras ocasiones, eludir el trámite de consultas previas a distintos organismos, entre ellos el Consejo de Estado o el propio CGPJ.

El diputado socialista Francisco Aranda lo justificó, según explicó él mismo después de la reunión, en que «les hemos dicho que en España el proceso legislativo común no hay prelación, entre el proyecto y la proposición. Que sí que es verdad que así como los indultos es una prerrogativa del Gobierno, era importante que esto fuera prerrogativa de las Cortes Generales, y la mejor manera era hacer un impulso desde los grupos políticos, los grupos parlamentarios, con la proposición de ley, que es una herramienta totalmente ajustada a Derecho, y que no hay ninguna merma de derechos ni de garantías».

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, agradeció en tono irónico a las formaciones separatistas su «enorme sinceridad» durante el encuentro, ya que, explicó, «han dejado perfectamente claro que el propósito de la amnistía es blanquear el proceso separatista para poder reanudarlo. Aquí no ha habido ninguna duda, el que está en una posición falsa es el Partido Socialista», remató. Con una retórica más recta, el representante de Vox, Javier Ortega Smith, blasonó de haberles «recordado que si existe un prófugo a la Justicia que es Carles Puigdemont, es precisamente porque hubo una acusación popular de Vox que le sentó en el banquillo, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo».

Junto a eso, los ‘venecianos’ escucharon también al representante de Junts, Josep María Cervera, explicarles el consabido mantra del «conflicto entre Cataluña y España», y al socialista Aranda que la amnistía pretende «resolver un conflicto político». Este último apeló a la independencia de las Cortes Generales, a lo que Álvarez de Toledo replicó que hay por encima un ordenamiento jurídico y constitucional vigentes.

La delegación de la Comisión de Venecia también tuvo ocasión de reunirse con las asociaciones judiciales. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (FJI) les trasladaron su preocupación por una ley que no está relacionada, expusieron, con «el interés general» sino que responde a un «compromiso político», así como les alertaron de que «incluye graves figuras» como el terrorismo que «colisionan con el ordenamiento comunitario». Juezas y Jueces para la Democracia evitó pronunciarse sobre un proyecto «que ni siquiera se ha aprobado» y reprochó al CGPJ que lo hiciera.