Detenido en Gerona el hijo de un magnate próximo a Putin por el caso Magnitsky

Además se procedió al registro de su mansión y el sábado por la mañana pasó a disposición judicial. El fiscal pidió para él prisión eludible con una fianza de un millón de euros. También fue detenida María Baer, la mujer que controla los fondos de la familia Artyakov en España e igualmente se registró su vivienda. En su caso se pidió libertad con medidas cautelares.

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Pablo Muñoz

Acusa a Ilia Traber, apodado 'el Anticuario', de pertenencia a organización criminal y blanqueo. Dirigía desde España las actividades criminales de grupos que actuaban en Rusia

El caso Magnitsky es uno de los mayores escándalos de corrupción rusa investigados en España. Según la denuncia de Anticorrupción presentada en 2019 ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está Ismael Moreno, en nuestro país se habrían blanqueado 35 millones de euros de los 203 que funcionarios rusos supuestamente se apropiaron en 2007 de la empresa Hermitage Capital Management, propiedad del británico William Browder. La investigación de este asunto en Rusia costó la vida al abogado del financiero, Sergei Magnitsky, que murió en una cárcel de ese país. Desde entonces este asunto se conoce como el caso Magnitsky.

En 2006, tres empresas dependientes de «Hermitage» pagaron 203 millones al Estado ruso. Como no le era devuelta esa cantidad Browder, enemigo íntimo del presidente Putin, encargó una investigación a Magnitsky, que descubrió que tres de las filiales de la firma del empresario habían sido robadas usando documentos confiscados por la Policía y que esas compañías habían sido utilizadas luego por la 'organización Klyuev' para obtener el reembolso fraudulento de 203 millones de dólares del Tesoro ruso. Además, crearon una estructura societaria para lavar el dinero obtenido ilícitamente en distintas partes del mundo, entre ellos los países bálticos, Estados Unidos y España. Un tribunal ruso condenó en 2009 y 2011 a dos miembros de bajo nivel de la trama, formada por criminales, abogados y funcionarios.

Al año siguiente el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada «ley Magnitsky» que sanciona a oficiales rusos relacionados con el asunto y el 28 de enero de 2014 la Asamblea del Consejo de Europa recomendaba en uno de sus informes a los Estados miembros que colaboraran con la investigación del caso.

La Fiscalía Anticorrupción detectó hasta tres tandas de transferencias a nuestro país de esos fondos supuestamente robados a Hermitage por un total de 35 millones. La que ha dado lugar a la detención del empresario ruso es un conjunto realizadas entre 2008 y 2009 por valor de más de 12 millones de euros que se hicieron desde las cuentas de tres empresas -Delco Networks, Dino Capital y Digmarket holdings limited- a la cuenta personal de Anna Kurepyna, que es suegra de Vladimir Artyakov, tiene 97 años y ahora residente en Rusia. El concepto de las transferencias era un préstamo para la compra de unas villas en la localidad gerundense de S'Agaro. Esas tres sociedades son consideradas por los investigadores como sociedades sucias que formarían parte del entramado 'Troika Laundromat' (lavandería Troika) dedicado al blanqueo.

María Baer, por su parte, lleva 30 años en España, es agente inmobiliaria y la persona de confianza en nuestro país de la familia de Artyakov. De hecho es ella quien gestionaba las compras de las propiedades inmobiliarias para Kurepyna, quien en total adquirió desde 2005 ocho fincas por 14 millones de euros. Al parecer también intervino en la venta de las mismas en 2014 a Dimitri, el nieto de Kurepina, quien habría pagado por ellas diez millones de euros; es decir, cuatro menos de su precio de compra, lo que carece de toda lógica comercial. Pero es que además, al realizarse el pago en Rusia resulta imposible conocer el origen de los fondos utilizados y si realmente se produjo ese pago.

El hecho de que la detención de Dimitri Artyakov se haya producido ahora se debe a que viene muy poco por España. El pasado jueves la Policía recibió la información de que había tomado un vuelo rumbo a Gerona y fue entonces cuando se decidió actuar.

Las otras dos tandas de transferencias detectadas, cuya investigación está más avanzada, afectan a Tenerife y Alicante. En ambos casos los fondos se canalizaban a través de una inmobiliaria. A veces los beneficiados no conocían el origen de los fondos.