Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

La mayor parte de los contratos que no se lleve Indra se dividirán entre Airbus -europea pero con participación española- y Navantia, aunque en estos dos casos la adjudicación a dedo no resulta polémica ya que ninguna de ellas tiene competidores con capital nacional. En el caso de Indra, en cambio, esquivar el concurso público supone privilegiarla dada la existencias de empresas españolas con menor tamaño, pero que podrían optar a los programas en solitario. Estos grupos se verán perjudicados ya que, como mucho, podrán lograr que la empresa que preside Escribano los subcontrate.

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Además, este 'modus operandi' suele impedir que la empresa adjudicataria, en este caso Indra, abarate el precio máximo fijado por la Administración para cada contrato ya que sabe que no compite con ninguna otra empresa que pueda presentar una oferta por inferior. La decisión del Gobierno responde únicamente a criterios políticos y, en concreto, a su determinación de convertir a Indra -de la que la SEPI cuenta con un 28 por ciento- en un campeón nacional en el ámbito de la defensa. Como la posición de Airbus en aire y la de Navantia en mar son incontestables, Escribano quiere convertirla en un gran plataformista de tierra y ganar posición también en el ámbito del espacio.

El mecanismo que va a utilizar el Gobierno para adjudicar los 31 programas de modernización a dedo será el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, cuyo apartado b) permite evitar el concurso público por razones de seguridad. «Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado interior respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares».

Fuentes del Gobierno aseguran que todas las adjudicaciones se van a realizar de manera absolutamente legal, y que la ministra de Defensa es la que firma el uso del artículo 346 de la UE. Justifican el uso de este mecanismo en que el Plan Industrial y Tecnológico presentado por Sánchez exige que las adjudicaciones alcancen el máximo nivel de nacionalización posible. Sin embargo, aunque esto implica priorizar a las empresas españolas no tiene por qué conllevar necesariamente privilegiar a una de ellas sobre las demás.

Al respecto, fuentes del Ejecutivo aseguran que todas las empresas españolas con capacidades en las áreas de los programas podrán participar tras las adjudicaciones. «Nadie se va a quedar fuera. Van a estar todas las que tengan algo que aportar», aseguran. Se refieren a que Indra y las demás empresas que se adjudiquen estos contratos tendrán que presentar después un plan de participación industrial que deberá dar entrada en el contrato a las empresas del sector que tengan capacidad. «Tendrá que ser lo más amplio posible y con la máxima participación española», subrayan.

Ese plan tendrá que recibir la aprobación de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), a cuyo frente se sitúa el teniente general Miguel Ivorra, quien tendrá que vigilar que el contratista principal no deje a ninguna empresa con capacidades fuera. Si lo hace, la Digeid podrá forzarle a incluirla. La pregunta es si este modelo de una gran empresa subcontratadora de sus rivales más pequeñas es el más adecuado para desarrollar lo máximo posible el tejido productivo del país en el ámbito de la defensa y la seguridad, como aseguró Pedro Sánchez que sucedería con su nuevo plan de inversión.

El plan de adjudicaciones ha sido liderado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y han participado en el mismo todas las direcciones generales. En este momento, el Ministerio de Defensa trabaja contrarreloj para tener lista toda la documentación ya que el Consejo de Ministros debe conceder su autorización contrato a contrato y no todos están igual de avanzados.

Por ello, y para acelerar lo más posible el proceso y poder tener hechas las contrataciones como muy tarde en dos meses, el plan es dividir los contratos en tres bloques, elevándose el primero al Consejo de Ministros del próximo martes, el segundo al del 7 de octubre y el tercero al del 14 de octubre. Todo ello, como se mencionaba, si no surgen retrasos inesperados.

Esta celeridad responde a que para que la OTAN compute el gasto no sirve con tener autorizadas las adjudicaciones sino que las contrataciones deben formalizarse y realizarse los desembolsos antes del 31 de diciembre. La prioridad, por tanto, es que toda la documentación esté totalmente correcta para evitar problemas que puedan dilatar las contrataciones, por lo que está siendo fiscalizada por la intendencia jurídica y los interventores. A partir del próximo martes conoceremos el resultado.