La defensa de Santos Cerdán pide su puesta en libertad porque nadie explica qué pruebas puede destruir

Tanto Benet Salellas como Jacobo Teijelo han tomado la palabra ante el tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo y han criticado que Cerdán continúe en prisión a pesar de que no hay declaraciones de testigos que sustenten lo que mantiene la UCO en su informe.

Además, han indicado que desconocen qué diligencias se protegen con la prisión porque los empresarios investigados en el caso ya han declarado. Cabe recordar que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, abogó en su informe por mantenerle en prisión porque podía obstaculizar que los investigadores dieran con las comunicaciones de éste con empresarios que hubieran pagado las mordidas.

Noticia Relacionada

El fichaje fallido de Pardo de Vera: una 'susanista' conversa y opción de futuro en el PSOE

José Luis Jiménez

Mimada por el Gobierno de Pedro Sánchez, Rey despliega formas de la vieja escuela. El fichaje fallido de Pardo de Vera, un lunar sin explicar

En la vista, según las fuentes presentes consultadas por ABC, han subrayado que en la causa se ha cambiado la presunción de inocencia por «la presunción de indecencia» y han aportado a la Sala el oficio de la UCO que pedía a Instituciones Penitenciarias que se informara a los agentes de cualquier visita de abogados al ex número tres en Soto del Real.

Entienden que esa petición atenta contra el derecho de defensa de su cliente y han solicitado al Supremo que se pronuncie sobre vigilar a la defensa o a las personas que se acercan a la cárcel. Al hilo, fuentes jurídicas indican que el político solo recibe visitas de sus letrados y de familiares -la esposa, la hermana y su cuñado-.

En concreto, Salellas se habría centrado en exponer al tribunal su recurso y en defender que tras el informe UCO no hay nada nuevo contra su defendido. Así, ha puesto el foco en que no se ha realizado ningún volcado de dispositivos y que, de hecho, el juez instructor ha acordado una pericial sobre el volcado de los dispositivos que contenían los audios grabados subrepticiamente por el exasesor ministerial Koldo García.

Ha insistido, según fuentes jurídicas, en que desconocen qué diligencias se protegen con la prisión del político y ha mostrado su preocupación por que la causa contra él se haya construido muy por encima y sin concretar nada. Además, ha recordado que en la causa no constan ni siquiera los expedientes informativos de las obras que son objeto de investigación.

Por su parte, Teijelo, el otro letrado de Cerdán, se ha centrado más en analizar la alegaciones de la acusaciones para mantener la prisión sin fianza y ha resaltado que la Sala Segunda del Alto Tribunal tiene ahora la responsabilidad de marcar criterio sobre la figura de la prisión preventiva, criterio que, ha añadido, será referencia para el resto de tribunales del Estado.

Al hilo, ha puntualizado que el tribunal debe pronunciarse sobre una de las razones de la Fiscalía para mantenerle en prisión: que el interrogatorio de su defensa ante el juez fue una «amable entrevista». Ha indicado que si se acoge ese argumento, se entendería que las declaraciones «deben ser dolorosas» o preferiblemente como «una corrida de rejoneo o el tercio de varas».

Por otro lado, ha enfatizado ante la Sala que las pesquisas generales están proscritas y, sin embargo, la Fiscalía destaca que Santos Cerdán es quien sabe en realidad quién habría pagado mordidas a la presunta trama que coordinaba.

Ha recordado, al hilo, que el día de su detención, Cerdán, tras declarar en el Supremo, llevaba su teléfono y se lo entregó a su familia a la espera del más que probable registro de su domicilio. Y ha resaltado que nadie de la UCO ha ido a su casa a pesar, incluso, de haber anunciado que la familia se mudaba.

Sobre el riesgo de destrucción de pruebas, ha vuelto a poner el foco en que pasaron 15 días desde su dimisión de los cargos del PSOE hasta su declaración, y ha sostenido no entender por qué no se le detuvo entonces si podía acabar con esas pruebas. Teijelo habría ironizado diciendo que si no destruyó pruebas en ese lapso de tiempo habría sido «un indolente o incluso un vago».

Por su parte, el Ministerio Público ha mantenido su petición de que Cerdán continúe en prisión provisional. En su informe señaló que era necesario mantener la medida cautelar dado que había que asegurar las comunicaciones de Cerdán con la parte activa de la corrupción -los empresarios-, y por tanto persistía el riesgo de destrucción de pruebas.

Además, destacó que el político navarro asumió la dirección de la presunta organización criminal, y que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE «penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno», nada menos que en «las entrañas del entonces denominado Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas».

Por su parte, el abogado del PP, que dirige a las acusaciones englobadas en la acusación popular de este caso habría expresado ante la Sala que abogaba por mantener en prisión a Cerdán, indicando que hasta el propio PSOE se ha apartado de su secretario de Organización. No obstante, ha matizado que no hay unanimidad en este asunto en el seno de la acusación popular porque Catalunya en Comú y Adade se muestran partidarias de la excarcelación.

La sala que ha visto el recurso de apelación del ex número tres socialista estaba compuesto por los magistrados de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo. Llarena, instructor del 'procés' independentista catalán, ha sido el ponente.

Fuentes jurídicas informan a ABC de que la Sala ahora debe acabar de deliberar, redactar el auto con su postura y notificarlo, por lo que previsiblemente sea este miércoles cuando se conozca el fallo sobre la prisión de Cerdán.