El Constitucional resolverá sobre el escaño de Madrid antes de la investidura

Ese acta es fundamental para el PSOE, pues en la investidura de Sánchez tras el previsible fracaso de Feijóo contaría con 172 diputados: los 122 del PSOE –uno más que ahora– y otros 50 de Sumar, Bildu, PNV, ERC y BNG, superando así por la mínima al bloque de derecha (PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria), que se quedaría en 171, por lo que Sánchez no necesitaría el 'sí' de Junts: bastaría con que los de Puigdemont se abstuvieran.

La ley electoral prevé en su artículo 114 que el recurso de amparo electoral se resuelva en quince días desde su interposición –en este caso, el pasado 29 de agosto–, por lo que antes de ese plazo, previsiblemente la semana que viene, los magistrados habrán tenido que decidir sobre la propia admisión del recurso. El portazo a su viabilidad supondría ya directamente el final del peregrinaje judicial del PSOE. La admisión, por contra, implicaría una carrera contrarreloj para decidir a continuación sobre la estimación o no del recurso contra el fallo del Tribunal Supremo.

Los socialistas denuncian que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal vulneró el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus representantes políticos. Los cinco magistrados del TS avalaron el portazo de la Junta Electoral de Madrid primero y de la Central después a la pretensión del PSOE y concluyeron que su reclamación no reunía los requisitos exigidos por la jurisprudencia y doctrina constitucional. «La mera diferencia numérica en los resultados que se aduce en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión de los votos nulos no reclamados (unos 30.000) dada la falta de acreditación de la razonable probabilidad de incidencia en el resultado final del escrutinio realizado con todas las garantías, sin que pueda accederse a la revisión 'ad cautelam' o de forma preventiva, por si acaso pudiera apreciarse alguna errónea apreciación del voto nulo favorable a la recurrente», señaló la Sala por unanimidad.

La ponencia sobre la admisión de este recurso, última baza de los socialistas para intentar que la mayoría progresista del TC les permita recuperar ese escaño perdido tras el recuento del voto exterior, está en manos de Laura Díez, catedrática y ex alto cargo de Moncloa que, junto a Juan Carlos Campo, propuso el Ejecutivo en la renovación del TC el pasado diciembre. Junto a ella conforman esta Sala Segunda los también progresistas Inmaculada Montalbán (presidenta), Ramón Sáez y María Luisa Balaguer, y los magistrados de perfil conservador Enrique Arnaldo y César Tolosa, este último experto en la materia contencioso-administrativa en calidad de expresidente de la misma Sala Tercera del TS cuyo fallo se cuestiona.

Al cierre de esta edición los miembros de la Sala Segunda aún no habían sido convocados al cónclave al que Laura Díez llevará su propuesta de admisión o inadmisión, una batalla por la revisión de votos en la que los socialistas no han contado con el apoyo de ninguna de las tres instancias a las que han recurrido, pero sí con el del Ministerio Público: Ricardo González Cerrón, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se mostró partidario ante el Alto Tribunal de declarar nulo el acuerdo de la Junta Electoral Central y de la Provincial respecto del escaño adjudicado al popular Carlos García Adanero por Madrid.