El Constitucional rechaza suspender la pena de Griñán con carácter urgente y abre una pieza para estudiarla

Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal, la Sala ha rechazado adoptar la medida cautelarísima de suspensión de la pena que había pedido Griñán y la tramitará en una pieza separada, que además se lleva a Pleno, por lo que decidirán los once magistrados, al igual que sobre el fondo del asunto. Las mismas fuentes señalaron que uno de los doce recursos, en concreto el de Viera, venía con un informe desfavorable a la admisión, pero no se le ha querido dar un trato diferente a su recurso, de ahí que se haya admitido como los otros once.

La Sala fundamenta la admisión de los recursos de amparo en que "en esta fase del procedimiento no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales" alegadas por los recurrentes. A ello se suma, dicen, la "especial trascendencia constitucional" de los recursos y a que el asunto trasciende de un caso concreto, pues plantea una cuestión de jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".

La decisión de la admisión cuenta con el voto particular de dos magistrados (Enrique Arnaldo y Cesar Tolosa), que consideran que los recursos no deberían haber pasado este filtro al carecer de "especial trascendencia constitucional" y plantear una cuestión de legalidad penal ordinaria relativa a la interpretación de dos artículos concretos del Código Penal (prevaricación y malversación) , algo que "compete en exclusiva" a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La decisión que ha tomado la Sala Segunda, que componen seis magistrados (cuatro de ellos del sector progresista), se ha retrasado dos semanas respecto a los planes inicialmente previstos, pues, como informó ABC, la vicepresidenta y ponente, Inmaculada Montalbán, quería haberlos llevado a la semana anterior a las elecciones del 28 de mayo pero no se consideró oportuno precisamente por la cercanía de aquellos comicios, según manifestaron a este diario fuentes del propio tribunal.

El Tribunal Supremo confirmó en septiembre la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a la cúpula de los gobiernos socialistas de la Junta por su papel en el fraude de los 680 millones del caso ERE.