El Congreso vota este jueves de viva voz el primer paso para derogar la sedición

La intención del Gobierno de suprimir el delito de sedición para contentar a ERC de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), precisamente, fue el detonante para volar los puentes entre el Ejecutivo y el PP en la negociación para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado casi cuatro años. En Génova creen que el tiempo les ha dado la razón y que no podían pactar la composición del órgano de gobierno de los jueces mientras el PSOE «entrega» a los independentistas el Código Penal.

Este miércoles en el escritorio del Congreso –en el que por cierto vuelven a concederse declaraciones esta semana por primera vez desde que se impusieron restricciones por la pandemia del Covid-19–, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunció la petición de que la votación de esta tarde en lo tocante a la sedición se realice por llamamiento. Cada diputado deberá decir 'sí', 'no' o 'abstención' a una modificación que se tramita por la vía de urgencia de forma paralela al debate de los PGE.

El reglamento de la Cámara Baja recoge en su artículo 85.1 la posibilidad de que una votación se haga por llamamiento si lo solicitan dos grupos parlamentarios distintos o una quinta parte de los diputados. El PP, con 88 escaños, puede solicitarlo por sí mismo. Según diversas fuentes parlamentarias consultadas por ABC, la Mesa del Congreso no puede impedirlo de ninguna manera, por lo que el PSOE deberá pasar por el aro.

Gamarra recordó este miércoles las críticas de barones socialistas a la derogación de la sedición –como Javier Lambán o Emiliano García-Page– y lanzó un aviso a los diputados del PSOE, con una especial mirada a los de Aragón y Castilla-La Mancha: «Mañana [por este jueves] es el día de la verdad para muchos socialistas. La clave no es lo que se dice, sino lo que se hace».

Los diputados del PSOE, uno a uno, deberán decidir si se pliegan a la disciplina de voto o rechazan una iniciativa que avanza en la línea contraria a la que prometía Pedro Sánchez antes de las elecciones de noviembre del año 2019. No en vano, el presidente del Gobierno abogaba por tipificar el delito de referéndum ilegal, por «traer» de vuelta al prófugo Carles Puigdemont ante la Justicia y por revisar el delito de rebelión para que no se limitase a golpes militares.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido ya a recuperar el delito de sedición –si finalmente es derogado y sustituido por uno de desórdenes públicos agravados– si llega a La Moncloa, así como a tipificar los referendos ilegales. Vox, esta semana, ha registrado una iniciativa para incluir también en el Código Penal el delito contra la unidad de la nación. Mientras que Ciudadanos intentó sin éxito que la Mesa del Congreso reconsiderase la tramitación de esta norma. «La misma semana que prorroga la ley ELA, el Gobierno trae de urgencia la sedición a medida de [Oriol] Junqueras», se quejó Inés Arrimadas en Twitter.

Si, como todo parece indicar, PSOE, Unidas Podemos y sus socios sacan adelante este jueves la toma en consideración de esta reforma del Código Penal, se abrirá el plazo para presentar enmiendas parciales a la norma. ERC pretende incluir ahí una rebaja de las penas del delito de malversación para dejar sin efectos la inhabilitación de los indultados del 'procés', pero esta idea ha chocado con las suspicacias de sus aliados habituales. La idea del Gobierno es que el Congreso apruebe esta ley a mediados de diciembre y que el Senado haga lo propio entre Nochebuena y Nochevieja.