El congreso socialista esquiva el escollo de la financiación con un redactado de mínimos

De momento los socialistas salvan ese importante escollo con un texto de mínimos, en el que las comunidades críticas con el acuerdo, como Castilla-La Mancha y Asturias, donde el partido gobierna con Emiliano García-Page y Adrián Barbón al frente, respectivamente, pero también otras como Aragón, Extremadura o, con menor acento, Andalucía (la más grande del partido) consiguen introducir el término «multilateralidad» para referirse a la renovación pendiente del sistema de financiación autonómica.

Se trata de una expresión que no figuraba en el redactado original de la ponencia, y que esas federaciones consideran un éxito negociador tras haber discutido el texto desde hace semanas con Cataluña y también con Baleares, liderada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Fuentes de esas federaciones consideran que lo acordado, que limita la bilateralidad a las cuestiones de desarrollo de cada estatuto de autonomía en particular, es un «avance» y que así el partido se parece más al que era, en términos de posicionamiento sobre el modelo de Estado, antes de la llegada de Sánchez hace una década.

La resolución acordada comienza abordando la cuestión de manera genérica, aludiendo a que «la reforma del sistema de financiación autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos». Pero justo a continuación introduce un término abierto a interpretaciones, que no es otro que el de «singularidad», precisamente el que reclaman los independentistas y al que no hace ascos el PSC, no en vano, firmante del acuerdo de investidura del primer secretario de los socialistas catalanes, Illa, con los republicanos de ERC.

El texto emanado del cónclave socialista habla de que se deberán garantizar los servicios prestados por el Estado del bienestar «reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que se garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva».

A partir de aquí, y como suele ocurrir, se abren las interpretaciones. Y donde unos, principalmente los socialistas de Cataluña, pueden entender el reconocimiento de algún tipo de singularidad para su comunidad, otros como los de Castilla-La Mancha lo entienden como la singularidad específica que cada territorio pueda tener y que le sirva para reclaman una mejora de su propia financiación. Por ejemplo, la particularidad de un vasto territorio como el manchego, mayor que el de muchos estados soberanos, pero muy despoblado, o la de otras comunidades que además de tener mucha población pesan mucho en el Producto Interior Bruto (PIB) de España, como la propia Cataluña y, naturalmente, la Comunidad de Madrid.

Otra de las novedades es que el llamado principio de ordinalidad, es decir, el que tendría en cuenta la posición de riqueza previa de cada comunidad autónoma a la hora del reparto de los recursos públicos. Especialmente crítico con este precepto, dentro de la revuelta del pasado verano contra el acuerdo con ERC, se había mostrado el líder asturiano Barbón, un dirigente nada sospechoso de ser contrario a la dirección nacional del partido y a Pedro Sánchez en particular. Según los territorios críticos, la filosofía del texto es «la solidaridad con el total de la riqueza y no con lo que le sobra a los que más tienen».

El documento pactado habla de que el sistema de financiación tendrá que tender a ser «federal» y avanzar hacia la «corresponsabilidad fiscal» y «en ningún caso, debe dar cobertura a la menor recaudación de las comunidades autónomas derivada de las bajadas impositivas que se adopten». Un aspecto en el que se alude veladamente a Madrid y en el que no hay desacuerdo en el PSOE