El Congreso aprueba la disolución de las asociaciones franquistas, pero no de las proetarras

El PSOE, desde hace años, se marcó como objetivo la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, que tiene abierto un expediente para ello en el Ministerio de Cultura. Pero, con la reforma del derecho de asociación, le cierra la puerta a esta fundación e impide que modifique sus estatutos para convertirse en asociación y esquivar así su disolución, como ha explicado este mismo jueves, en el debate parlamentario, el diputado socialista Raúl Díaz.

La proposición de ley aprobada este jueves establece que «será causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Partidos como el PP y UPN, durante su tramitación en el Congreso, ya intentaron modificar la norma para ampliarla también a las asociaciones que enaltezcan el terrorismo u otros regímenes totalitarios, pero el PSOE y sus socios la acotaron exclusivamente al franquismo. En la Cámara Baja, la ley fue aprobada inicialmente con el voto en contra de Vox y la abstención de los populares, que en su paso por el Senado aprovecharon para imprimir su sello, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Así, vía enmiendas, el PP borró las referencias expresas al franquismo y añadió el enaltecimiento del terrorismo, mientras pasaba de una reforma del derecho de asociación a una del Código Penal. El objetivo, según los populares, era ampliar la norma, pero, a su vez, limitarla a aquellos casos con «humillación» de las víctimas, para no cercenar los derechos de asociación y expresión. Este jueves, el PSOE y sus socios, con 176 votos en contra, se han impuesto a los 170 que han sumado a favor PP, Vox y UPN para tumbar los cambios introducidos por el Senado. Al haberse rechazado todos ellos, no ha hecho falta una votación de conjunto de la ley, que ha quedado aprobada definitivamente para su envío al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante el debate, en el que se han colado constantes referencias al escándalo de Santos Cerdán, quien hasta el jueves era secretario de Organización del PSOE, pero se vio obligado a dimitir por verse implicado en una presunta trama de mordidas, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, por amañar adjudicaciones de obra pública, el PP se ha convertido en el foco de casi todos los ataques.

El popular Enrique Belda se ha defendido de ellos justificando la necesidad de que se aprobasen las enmiendas del Senado por dos motivos principales: los homenajes a etarras que salen de prisión, «un problema de hoy», y la voluntad de que no hubiese «víctimas de primera y de segunda». El Congreso, en 2002 por unanimidad, con el voto del PP incluido, ya condenó el franquismo. Un argumento que el socialista Díaz ha utilizado ahora para acusar a los populares de «recorrer el camino inverso», dejar de «moderado» al expresidente José María Aznar y hacer «filibusterismo parlamentario» en el Senado para desvirtuar, según él, el espíritu de la ley.

Desde Vox, José María Sánchez, con su lenguaje culto y casi propio de otra época, ha cargado contra la norma como una forma de que el legislador «se adentre en la conciencia de los individuos» y ha lamentado la «equidistancia» del PP al abstenerse en su momento. A los partidos de la izquierda los ha llamado «maliciosamente ignorantes», lo que ha dado pie a la presidenta Francina Armengol a retirar sus palabras del 'Diario de Sesiones'. Algo que también ha hecho con términos peyorativos de Belda y de Nahuel González, de Sumar.

Este último, que ha dedicado la mitad de su intervención a criticar la corrupción actual del PSOE y la corrupción pasada del PP —«Señorías del PSOE, al corrupto, patada en el culo», ha sintetizado—, ha criticado al PP de hacer «piruetas argumentales» introduciendo en la norma el terrorismo y el estalinismo para «no condenar el franquismo». «Ha querido introducir unas enmiendas que nada tienen que ver con el texto intentando escamotear o poner una cortina para no hablar de las víctimas del franquismo», ha añadido Jon Iñarritu, de Bildu, cuya coalición integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna, antiguo brazo político de ETA. Esa postura la han adoptado también Francesc-Marc Álvaro (ERC) y Martina Velarde (Podemos), al contrario que Alberto Catalán (UPN), quien ha respaldado las modificaciones del PP. Resultado: las asociaciones que hagan apología del franquismo, y solo del franquismo, serán disueltas.