El Congreso apoya el trámite de urgencia de la reforma exprés del CGPJ sin escuchar a los jueces

Los llamamientos hasta el último momento del Grupo Popular a los socialistas para que retiraran su reforma han caído en saco roto bajo la recurrente acusación de bloqueo del PP a las instituciones y las nulas justificaciones por parte del promotor de la iniciativa (el Grupo Socialista) ni de sus socios de por qué el Consejo en funciones no está capacitado para cubrir las más de sesenta vacantes que acumula ya la cúpula judicial (14 de ellas en el Supremo) y sí puede nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, que con este movimiento, con el que se pretende proceder a la renovación del tercio del tribunal que caducó el pasado junio, pasará a tener una mayoría progresista.

El debate ha sido bronco y, aunque con matices en sus posturas, populares, Vox y Ciudadanos han puesto de manifiesto el menoscabo que esta reforma, en el fondo y en la forma, supone para el Poder Judicial el mismo día en que la Comisión Europea ha recordado a España no solo la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018, sino poner en marcha mecanismos que ahonden en la separación de poderes (como la elección por parte de la carrera de los doce vocales de procedencia judicial) y en el reforzamiento de la independencia del fiscal general respecto al Ejecutivo.

Si bien el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha apelado al informe de la Comisión Europea para referirse a la urgencia de la renovación del Consejo, nada ha dicho respecto a la segunda advertencia de ese informe sobre el cumplimiento de los estándares del Estado de derecho ni sobre el plan de regeneración que este lunes el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons puso sobre la mesa como condición para sentarse a negociar «hoy mismo» la renovación de CGPJ. La negativa con la que el Gobierno acogió ese día la mano tendida del PP se ha trasladado esta tarde al Pleno del Congreso, donde el portavoz socialista ha pedido el apoyo a las distintas fuerzas del hemiciclo para dejar en evidencia al PP y a las «mil y una excusas» que ha mantenido en los últimos 1.300 días para negarse a renovar el órgano de gobierno de los jueces.

«Estamos aquí por la negativa obstinada e insumisión del PP a cumplir con sus obligaciones constitucionales», ha dicho Aranda, quien no ha sido capaz de explicar por qué una vez levantado el veto para nombrar a dos magistrados del TC, «no hacen lo propio con el resto de nombramientos que permanecen bloqueados».

El diputado popular Carlos Rojas ha reprochado a Aranda la negativa del Gobierno a aceptar el plan de regeneración rechazado por el PSOE y que recoge recomendaciones europeas. «Los cimientos de la justicia no se pueden sostener sobre una ley exprés, en lectura única y sin el partido de la oposición porque eso es remover la arquitectura de uno de los pilares del Estado de derecho», ha dicho. Rojas ha señalado que la reforma se aprueba «por la puerta de atrás». «Esto no es el espíritu ni la letra de la Constitución», ha apostillado, a la vez que ha instado al Gobierno a que retire la proposición de ley. «Rectifiquen, aún estamos a tiempo».

Mientras, desde el PNV Mikel Legarda ha justificado el apoyo de su grupo a la reforma ante la «situación de bloqueo que mantiene el PP», al que ha reprochado que no haya cambiado el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial cuando ha podido hacerlo. «En tiempos de crisis es imprescindible reconstruir los puentes, no bloquear instituciones (...). No se puede justificar el obstruccionismo», ha señalado el diputado.

Especialmente duro ha sido el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal, que ha tildado de «tramposa» la proposición de ley porque se ha metido en el último pleno del periodo de sesiones «aprisa y corriendo, después del debate del estado de la nación y sin informes». Claro que hay urgencia, ha apuntado, «la urgencia de controlar el TC» porque lo que, a su juicio lo que esta reforma viene a decir que «no se pueden hacer nombramientos salvo que le gusten a Pedro Sánchez», a quien la parálisis en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en la Sala Social del Supremo «se la trae al pairo».

No se ha salvado de esa acusación de «control» del TC el PP, a quien Bal ha reprochado que hace cuatro meses «se repartiera con el PSOE» cuatro magistrados, en referencia a la renovación que se produjo en noviembre. «No se puede mantener esa proposición de ley sin sonrojarse», ha concluido.

Por su parte desde Vox, Javier Ortega Smith ha señalado que esta proposición de ley es una «evidente amenaza a la independencia de la justicia». A su juicio, «lo que se pretende es nombrar a dedo a los magistrados afines y colocarlos en el TC para que no vuelva a haber sentencias» como la que tumbó los dos estados de alarma, la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI y otros recursos pendientes que, como la reforma laboral o la eutanasia, que «el PSOE teme que le puedan salir mal».