Cataluña, la única comunidad que puso problemas al Gobierno para el reparto de menores inmigrantes

Mientras eso ocurría, el Gobierno trataba de allanar el camino del cónclave vespertino. Lo hacía con una visita programada a un centro de menores, en el que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), se quedó sola, pues los consejeros del PPdecidieron no acompañarla. «No íbamos a contribuir al relato del Gobierno», señalan fuentes del PP.

En realidad, el Ejecutivo solo tenía que ablandar el corazón de Cataluña –la única comunidad que se abstuvo en la votación del acuerdo–, pues la decisión de aceptar el reparto de los 400 inmigrantes menores no acompañados (menas) –la propuesta de 2024 a las comunidades– ya estaba anunciada. Al menos por parte de la mayoría de las regiones, las gobernadas por el Partido Popular, cuyo líder confirmaba este extremo a primera hora de la mañana. «Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a ser solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor. No se lo que va a hacer Vox, pero nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado», explicaba Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a Ermua (Vizcaya) para asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 27 aniversario de su asesinato por parte de ETA, informa Gerard Bono.

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Las palabras del presidente del PP dejaban claro el sentido del voto de las doce comunidades que gobiernan los populares –además de Ceuta y Melilla– en el reparto de los 400 menores que esperan destino en Canarias, reforzando su carácter de «partido de Estado» –como indicaban fuentes del PP– y en contraposición a Vox, su socio de gobierno en cinco de esas regiones, que tras acabar la reunión dio por rotas esas coaliciones y convocó para este jueves de urgencia a su Comité Ejecutivo Nacional (18.30 horas).

Una reunión que comenzó en hora y a la que el Ejecutivo llevó una propuesta poco detallada y alejada de las exigencias de las comunidades del PP. Sobre todo, en el aspecto económico, el caballo de batalla. Porque el principal problema que subyace en todo este asunto no es la negativa de los territorios a acoger a estos inmigrantes, sino la incapacidad de hacerlo en las condiciones adecuadas por la falta de financiación.

De ahí que la referencia a ese asunto en el borrador de reforma de la Ley de Extranjería fuera uno de los caballos de batalla de la reunión. El PP había pedido al Gobierno que detallara la financiación y que especificara que la misma debía asumir toda la tutela de los menores y no solo el primer año tras la acogida. Un extremo que no aparecía en el texto final y que provocó el enfado de las comunidades del PP, reacias a apoyar la reforma cuando llegue al Congreso.

Ahora mismo, el 81% de los menas acogidos están en regiones gobernadas por los populares. Alrededor de 5.200 inmigrantes cuya manutención corre a cargo de los Ejecutivos autonómicos en su mayor parte, porque el Gobierno central solo se hace cargo del primer año. «No es lo mismo que te llegue un chaval de 12 años que de 17 y eso es un factor que se debe tener en cuenta, porque los recursos son los que son y no se puede asumir todo por parte de las autonomías», explica a ABC un barón del PP, cuyo territorio asume ya una presión migratoria por encima de su capacidad.

No es el único. Varias fuentes consultadas señalan que «la mayoría se encuentran en situación técnica de emergencia», por lo que instaron ayer al Gobierno a actuar y a hacerlo con la mayor premura posible. En concreto, los populares exigieron que se trabaje para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal actuando en origen. Para ello, entienden que es imprescindible recurrir a la Comisión Europea, para que active la colaboración de Frontex, que ofrece mecanismos de control de fronteras, además de los mecanismos de derivación a países europeos.

A esta petición de ayuda habría que sumar, según los populares, un incremento de recursos personales y económicos para desatascar las oficinas de asilo, además de incrementar la financiación de las comunidades con un fondo de contingencia que palíe el déficit crónico que sufren con este fenómeno, que muchas veces es mayor de lo que dicta la realidad de los números. Según explicaban ayer varios de los consejeros, incluido el catalán Carles Campuzano, muchas veces se derivan inmigrantes adultos a la Península que una vez en destino aducen ser menores, por lo que la tutela -inesperada- acaba recayendo en las comunidades. Por ejemplo, de los 1.472 menores que tiene Andalucía en la actualidad, 454 llegaron diciendo que eran adultos. Una triquiñuela que dispara el presupuesto destinado a esta cuestión por parte de los territorios.

La reunión amaneció con el Gobierno exponiendo su borrador de reforma de la Ley de Extranjería y avanzó lenta, pues casi todas las comunidades tomaron la palabra para expresar su disconformidad con el texto propuesto. Quejas que desembocaron también en exigencias al Ejecutivo, al que pidieron la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes y la declaración de la emergencia migratoria. «Lo único que pedimos es que cumpla con sus obligaciones. Este problema requiere de políticas de Estado y no de parches», señalan fuentes del PP. Soluciones que pasan por contener la entrada de irregulares, poniendo el foco en los países de origen. Las regiones gobernadas por el PP expusieron también la necesidad de que la acogida solidaria -aceptada como había anunciado Feijóo- fuera de todas, «sin excepciones», en clara referencia a Cataluña, que se abstuvo de la votación, dejando entrever su negativa a asumir más menores en el futuro.

De hecho, su consejero dejó claro su voto en contra a la reforma de la Ley de Extranjería, con la que el Gobierno quiere instaurar la obligatoriedad de acogimiento. Algo contra lo que la mayoría de territorios se mostraron en contra hasta conocer «la financiación, las condiciones y de qué manera llegarán esas personas y cuánto tiempo pasarán en destino». Solución aplazada para el Gobierno, que solo logró aliviar el problema de manera temporal.