Los planes de la Generalitat Valenciana para revertir la inmersión lingüística en catalán en las aulas

La primera etapa se materializa este viernes, 23 de febrero, cuando expira el plazo para que los consejos escolares puedan modificar -con mayoría simple- el denominado Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) para cambiar la proporción de clases en valenciano o castellano que se imparten. De momento, en este periodo sólo se ha abierto esa posibilidad en las zonas catalogadas como de predominio castellanohablante.

Tal como anunció nada más llegar al cargo el conseller de Educación, José Antonio Rovira, la prioridad estaba en esta parte del territorio, localizada en el interior de la provincia de Valencia y en el interior y sur de la de Alicante, sobre todo, donde se daba la paradoja de que los alumnos estaban exentos de aprender valenciano, pero luego debían estudiar asignaturas troncales como Matemáticas o Historia en ese idioma, sin conocerlo.

Esta urgencia se incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 y ya ha entrado en vigor, al derogar varios apartados de la controvertida Ley de Plurilingüismo.

No obstante, este primer avance ha sembrado cierta frustración entre varias plataformas de docentes y familias, además de AMPA, que se habían movilizados frente al anterior Gobierno autonómico y sus medidas de inspiración catalanista en los últimos años, impulsadas por Compromís.

El principal argumento coincidente por parte de la asociación Hablamos Español y otras entidades se sustenta en que el «derecho» a elegir la lengua vehicular en las aulas no puede estar ligado al «territorio», depender de que se trate de un centro educativo u otro, sino que pertenece a las personas.

Pero los plazos para que pudiera entrar en vigor el próximo curso académico (2024-25) la segunda reforma de la citada Ley de Plurilingüismo, más en profundidad, se han agotado porque no da tiempo a su tramitación antes del proceso de admisión.

A la confederación Covapa también están llegando quejas por no poder optar al cambio y recuperar clases en castellano en las zonas de predominio valencianohablantes, que están fuera de la primera reforma. Idiomas y Educación y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística coinciden también en estas reivindicaciones y desconfían de los Consejos Escolares, porque consideran que su representatividad no es tal, al predominar las tesis catalanistas del sindicato mayoritario en la Enseñanza, el Stepv.

Además, un estudio de Hablamos Español incide en que algunas de las áreas consideradas valencianohablantes, en realidad están habitadas por población que utiliza el castellano en el hogar, sobre todo, las capitales de provincia, entre las que Alicante representa un ejemplo evidente. La inmersión lingüística alcanza al 91% de clases en catalán/valenciano -es la misma lengua- en algunos centros educativos de la Comunidad Valenciana, según este informe de la asociación presidida por Gloria Lago.

Ante este clima de impaciencia, los responsables del Gobierno de Carlos Mazón apuestan por un cambio seguro y progresivo, sin prisas, a medio plazo con ese horizonte de dos cursos. Y despejan cualquier intencionalidad de marginar al valenciano, como prueba que se imparte esta asignatura de lengua en las zonas castellanohablantes. El objetivo es que «todos los niños» aprendan este idioma cooficial sin excepción y al concluir su escolarización dispondrán de un título acreditativo de esos conocimientos.

Otro de los criterios esenciales en las reivindicaciones es pedagógico, ya que muchos estudios apuntan a la idoneidad de aprender en el idioma en que se aprendió a hablar, y así lo han puesto de relieve esta semana varias de las plataformas en el Día Internacional de la Lengua Materna.