La Generalitat Valenciana instala alarmas conectadas a la Policía para evitar okupas en viviendas públicas

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha intensificado las medidas para evitar la okupación ilegal de las viviendas del patrimonio público de la Generalitat. Una de ellas es la contratación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico con el fin de evitar que los inmuebles puedan ser asaltados.

«Uno de los graves problemas que afectan al parque público es la ocupación ilegal», según defiende el Ejecutivo autonómico. La directora general de la EVhA, Estefanía Martínez, ha explicado que «los sistemas de alarma con conexión a una central y con aviso inmediato a la Policía suponen un refuerzo sustancial en la prevención de estas ocupaciones». Tanto es así que, «una vez que la vivienda se repara y adjudica, la alarma se traslada a otra de las viviendas que se encuentren en proceso de rehabilitación».

El importe total de la licitación asciende a 1.049.070 euros, el contrato será por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y otro conjunto para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150.

Además de la instalación de los sistemas de seguridad y las alarmas, el contrato incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 31 de octubre y se puede obtener información a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Las medidas implementadas por la Generalitat para evitar la ocupación ilegal de sus viviendas supone un aumento de la inversión en mecanismos de prevención como son la instalación de los sistemas de alarmas, la puertas antivandálicas o incluso la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.

«El objetivo del Consell es no tolerar nuevas ocupaciones irregulares en viviendas públicas que impiden su rehabilitación y su posterior adjudicación a familias demandantes de vivienda social que sí respetan la ley», subrayan fuentes del Ejecutivo valenciano.