Este nuevo servicio, denominado en catalán Síndic de Drets Lingüístics -el equivalente del Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo autonómico, orientado a los «derechos lingüísticos»- se ha financiado con donativos de particulares mediante «micromecenazgo», tal como han destacado en su web desde la Plataforma per la Llengua.
Con 16.000 euros de fondos propios declarados para esta misión -aunque esta entidad cuenta con ayudas de la Generalitat de Cataluña para su funcionamiento ordinario- arranca este «punto informativo itinerante que hasta ahora ha recorrido Cataluña», ahora al sur del Ebro y para llevar adelanta una «campaña de concienciación» en la que organizan «sesiones de formación».
También ofrece soporte por teléfono y a través de una web renovada, y en la guía se incluyen «ejemplos y recursos de utilidad para conseguir vivir plenamente en catalán». Sus impulsores trabajarán igualmente en buscar «presencia mediática, física y digital», además de actividades de difusión «en coordinación con administraciones y entidades».
La trayectoria en Cataluña data de 2013, cuando registró 396 quejas, y ha crecido hasta las 2.902 el año pasado, si bien reconocen que en la Comunidad Valenciana el volumen de reclamaciones está muy por debajo, aunque tienen una explicación para eso.
«El número de quejas es muy bajo» por desconocimiento
«En las comarcas valencianohablantes del 'País Valenciano' y en las Islas Baleares, el número de quejas es muy bajo», admiten desde la autodenominada 'ONG del catalán'. «Estas cifras no significan que en estos territorios las discriminaciones sean menos frecuentes, sino que, por un lado, la desprotección jurídica es superior y, por otro lado, la sensación de que los derechos son inexistentes contribuyen todavía más a desincentivar las denuncias», indican.
Ante esta falta de denuncias, según esta entidad, hay que concienciar a la población. «Por eso, se propone especialmente empoderar a los hablantes de estos territorios: que sean conscientes de que hay leyes que dí los amparan, ofrecerles recursos legales y jurídicos para que hagan respetar sus derechos y asesorarlos cuando sufran una discriminación».
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