Compromís propone prohibir la venta de viviendas a extranjeros para frenar la especulación en España

De esta manera, la formación naranja insta a enmendar la ley de vivienda «emulando» a Canadá con la prohibición de compra por parte de capital extranjero, con el objetivo de «controlar los precios» y «frenar la especulación» del sector inmobiliario.

En este sentido, el parlamentario valenciano ha señalado que la ley salida del Congreso supone «un avance» en política habitacional, pero «se ha quedado corta en medidas como controlar el abuso de los fondos buitres, prácticas de especulación, el fenómeno de los apartamentos turísticos descontrolados que revientan el mercado del alquiler o la falta efectiva de medidas para las zonas rurales».

Del mismo modo, Mulet ha criticado que la ley de vivienda no corrige otras «medidas hipócritas anunciadas como la cesión a las comunidades autónomas de las viviendas de la Sareb, siempre y cuando las CCAA las vuelvan a pagar; con lo que supone para las autonomías con problemas de financiación como la Comunidad Valenciana, o el hecho indecente de que esas viviendas ya se han pagado con el dinero público cuando el rescate bancario».

El dirigente de Compromís ha afirmado que Canadá «ha dado una lección» prohibiendo desde el 1 de enero y durante dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes, para controlar los precios, al haberse convertido la adquisición de inmuebles en este país en «un objeto de especulación». «La situación de Canadá con este fenómeno no es superior a lo que pasa ya en muchas zonas del territorio del Estado», ha subrayado.

La propuesta de los valencianistas pide, que con el fin de evitar la especulación con la compra de las viviendas, «se debe aplicar desde la entrada en vigor de esta ley una moratoria de 36 meses para la venta de viviendas a las personas físicas o jurídicas (entidades y empresas) no españolas, o que no ostentaren esta condición de nacionalidad con una anterioridad de un año a la compra del inmueble».

No obstante, matiza que esta prohibición no será de aplicación a las personas con permiso de trabajo en el Estado español durante un período mínimo de tres años anteriores al año en que se realizó la compra, y que no hayan comprado más de una propiedad residencial.

Asimismo, tampoco afectará a las personas exiliadas o refugiadas o en situación de vulnerabilidad acreditada, que no hayan comprado más de una propiedad residencial, así como a ciudadanos sin nacionalidad española, con estatus de residente temporal válido, durante un periodo mínimo de cinco meses anterior a la comprar de la vivienda, y que no hayan comprado más de una propiedad residencial. Tampoco a las entidades cuyo objetivo sea el uso de social de esta viviendas.

Según ha explicado Mulet, «hasta el día 4 hay margen para presentar enmiendas a la ley, y luego los grupos tienen dos semanas de margen para intentar negociar y mejorar estas propuestas con transaccionales, por lo que lanzamos la propuesta abierta para se pueda debatir sin tapujos, veremos de nuevo del lado de quién se posicionan los partidos con más representación».