Zaplana pide que declare el excargo del PP que asegura que la acusación del caso Erial se basa en un «montaje»

A Marcos Benavent, antiguo cargo público del PP en Valencia y procesado en el caso Imelsa , se le intervinieron los documentos que provocaron la detención de Zaplana. Este miércoles declaró ante el juez que la operación contra el expresidente de la Generalitat se basa en un «montaje».

Este viernes, los letrados de Zaplana han remitido un escrito, al que ha tenido acceso ABC, en el que solicitan al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el caso Erial, la citación de Marcos Benavent.

Precisamente este mismo viernes se ha conocido el procesamiento del «yonki del dinero» por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia cuando gobernaba el PP, entre 2003 y 2007.

El expresidente valenciano ya pidió tiempo atrás la declaración de Benavent en el caso Erial . La diligencia fue denegada por la jueza y por la Audiencia.

Junto a la petición respecto a Benavent, los letrados que defienden a Zaplana también pidieron recientmente al juzgado que citase a declarar en calidad de testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras sus afirmaciones en la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados en las que manifestaba que había «interés» en destruir a Zaplana y que «se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas». En el escrito presentado este viernes, vuelve a realizar esta petición.

El caso Erial -relativo a supuestas irregularidades en licitaciones de los planes Eólico y de las ITV en la época en la que Zaplana era presidente del Gobierno valenciano- se originó tras el hallazgo en el año 2015 por parte de la Guardia Civil de unos papeles en el despacho del que entonces era letrado de Benavent sobre la presunta trama. A él se los entregó un ciudadano sirio tras encontrarlos en casa del también exministro del PP.

La citada documentación contenía, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y de la Guardia Civil, la hoja de ruta sobre la supuesta trama corrupta de las sociedades en Luxemburgo que atribuyen al expresidente de la Generalitat Valenciana y a la familia Cotino como adjudicataria de los contratos públicos en entredicho.

Benavent ha comparecido esta misma semana ante el juez del caso Imelsa y se ha referido a estos papeles del sirio asegurando que todo ello se trataba de un «montaje» . Al respecto, sostiene ahora que acudió a declarar en la causa relativa al expresidente de la Generalitat «presionado» y «sin dormir» y solicita que tanto esta prueba como otras que se le incautaron, entre ellas algunas grabaciones, sean invalidadas.

Benavent, que hasta la fecha habia colaborado con la Fiscalía Antocorrupción , cambió su estrategia al tiempo que de letrado y aseguró que manipuló las grabaciones que originaron el caso Taula, también conocido como caso Imelsa. En este contexto surgió la investigación contra el exministro y expresidente de la Generalitat.

Tras las manifestaciones del «yonki de dinero» en sede judicial, el letrado de Zaplana ha requerido al juzgado de Erial que cite a declarar al exgerente de Imelsa para aclarar estos extremos.

En este sentido, la representación del expresidente valenciano recalca que la mera referencia a que dichos papeles pudieran ser un «montaje» y que su declaración -que «sirvió para mantener en prisión a Zaplana durante casi nueve meses», recuerda- pudiera haberse prestado bajo algún tipo de «presión» , exige «una ampliación para determinar las circunstancias del hallazgo de los papeles».

En esta misma línea, considera que las revelaciones realizadas por Villarejo y Benavent en distintos foros y momentos, «pero indicativas ambas de una posible manipulación de las pruebas, impiden que el Juzgado y el Ministerio Fiscal permanezcan impasibles ante un cuestionamiento radical del material probatorio incorporado a lapresente causa».

No se solicita, incide, en este momento procesal la nulidad de actuaciones, ni el archivo de la causa , ni ninguna otra decisión definitiva sobre el material probatorio. «Tan solo considera necesario realizar una mínima actividad procesal tendente a determinar una posible conducta fraudulenta en la aportación de las pruebas y, en su caso, las personas que pudieran ser los autores de dicho fraude», argumenta.

El caso Erial , en el que está imputado Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Se trata de un procedimiento que saltó a la luz pública hace alrededor de tres años, cuando en mayo de 2018 se detuvo a Zaplana al considerar que había cobrado comisiones por la adjudicación del servicio de las ITV en la Comunitat, cuya privatización aprobó en 1997, y por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en 2003.

Aunque en ese momento ya no estaba en el Consell, se baraja que lo dejó todo hilado para las empresas finalmente adjudicatarias. Y lo que pudo llevar a los agentes de la Guardia Civil a detener a quien fuera ministro con José María Aznar fueron unos papeles hallados por una persona en un lateral de una caja fuerte de un piso que había alquilado y que había sido propiedad de Zaplana. Por casualidad, el que los encontró había mantenido una relación con Benavent y se los enseñó.

Se inició entonces una investigación que culminó con varias detenciones y registros , además de con el hallazgo de las agendas personas de Zaplana, con múltiples anotaciones y citas. Tras ello, el exjefe del Consell pasó unos ocho meses en prisión acusado de cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación, hasta que consiguió la libertad provisional.