La Sindicatura de Comptes advierte del exceso de contratos menores del Consell

En las conclusiones sobre el cumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios, la Sindicatura señala que los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria , que se registran en la cuenta 409, vulneran lo dispuesto en la normativa de aplicación, aunque existe la posibilidad de convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización expresa del Consell.

Asimismo, señala que las consignaciones del presupuesto de la Generalitat de 2016 "se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y subvenciones a conceder en el ejercicio" y, además, " se mantienen unos niveles de pago muy bajos, o incluso nulos , en algunas líneas de subvenciones".

Recuerda también a la Generalitat que "debe incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de financiación autonómico, únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener ".

Sobre los contratos, señala que, "excepto por los incumplimientos que se describen a continuación, la actividad contractual desarrollada por la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2016 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable".

Entre esos incumplimientos, indica que "con carácter general en los expedientes revisados no consta una justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios tenidos en consideración para adjudicar los contratos" y otros aspectos importantes que se han observado en los 39 expedientes revisados son que los anuncios de licitación "no indican los criterios de adjudicación de los contratos" (once expedientes), que los pliegos "no establecen las fórmulas para cuantificar algunos de los criterios evaluables de forma automática" (dos expedientes) o que los criterios de valoración cuantificables mediante juicios de valor que contemplan son indeterminados (tres expedientes).

Además, señala que las fórmulas previstas en los pliegos "no dan una preponderancia efectiva a los criterios evaluables de forma automática respecto a los que su cuantificación depende de un juicio de valor, no habiéndose constituido en estos casos el comité de expertos (nueve expedientes)" o que las declaraciones de urgencia (nueve expedientes) o de emergencia (tres expedientes) "no están debidamente motivadas o justificadas". Asimismo, dos expedientes incurren en causas de nulidad administrativa .

La Sindicatura se refiere específicamente a las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios , que "se tramitan, en un volumen importante, como contratos menores a través del sistema de cajas fijas" y considera "especialmente destacable la infracción del principio de publicidad , puesto que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos".

En los contratos menores "se observa, con carácter general, una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato y fraccionamiento indebido.

Las recomendaciones más importantes realizadas en el informe son que el presupuesto inicial "debe contener la consignación de créditos suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma realista ".

En particular, señala que debe dotarse a la Conselleria de Sanidad de los créditos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los responsables de los diferentes centros dispongan de una herramienta fundamental para la gestión económica, cuya utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases existentes, que dificultan la aplicación de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

También recomienda "reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa , sobre todo en el ámbito sanitario", que la comunicación de los datos al Registro de Contratos y a la Sindicatura de Comptes sea completa y adecuada y mejorar el contenido de los pliegos, "estableciendo las fórmulas concretas a utilizar para valorar los criterios evaluables de forma automática, principalmente del precio, así como los aspectos a valorar en los criterios cuantificables mediante juicios de valor".

Agrega que la declaración de urgencia "debe estar debidamente motivada en los hechos y circunstancias concretas que afecten al contrato" e insta a "adoptar las medidas de gestión adecuadas que eviten la recepción de bienes o prestación de servicios sin amparo contractual y su consiguiente tramitación como expedientes de enriquecimiento injusto".