La Guardia Civil detiene a Alfonso Grau y a un empresario por un delito de cohecho

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga al exvicealcalde de la capital y a otra persona por un supuesto delito de cohecho.

Grau ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil en Mislata, en el domicilio de su mujer, la exconcejala del PP María José Alcón , y posteriormente trasladado a su vivienda en Valencia, donde ha asistido al registro de la misma.

Además de Grau, en esta misma operación ha sido detenido el empresario Urbano Catalán , investigado como parte activa del supuesto delito de cohecho.

Según las mismas fuentes, la caus a nace a finales de 2015 cuando el Juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

La magistrada instructora investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valencia a un empresario. Están imputados por cohecho el empresario (como parte activa del delito) y el exconcejal (como parte pasiva del cohecho).

La jueza no ha ordenado la detención de Grau. La detención la ha practicado la Guardia Civil por iniciativa propia y junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Las diligencias de Instrucción 19, declaradas secretas, no guardan relación con las que se siguen en Instrucción 18 por el Caso Imelsa.

Junto a Grau ha sido arrestado un empresario y se ha procedido a registrar la sede de una joyería y la empresa Viajes Tranvias Tours en Valencia, siempre según las mismas fuentes. Esta compañía obtuvo contratos del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Grau en el Ayuntamiento por un importe superior a los 400.000 euros.

El arresto de Grau parte de la denuncia de un particular y ha sido detenido por el Instituto Armado ejerciendo funciones de Policía Judicial, si bien en el caso no ha participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encarga de la investigación del 'caso Taula', dentro de la operación derivada del caso Imelsa. La operación está dirigida por la Fiscalía provincial de Valencia .

A lo largo de la mañana los agentes de la Guardia Civil uno de los tres fiscales anticorrupción de Valencia están registrando el domicilio del exvicealcalde Alfonso Grau, ubicado en el centro de la ciudad.

A las puertas de esta vivienda, en la plaza de la Porta de la Mar , han llegado dos furgones de la Guardia Civil, además de otros coches camuflados. Tras el registro, Grau ha abandonado su casa a bordo de un coche de la Benemérita.

La detención se solapa en la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales procedente del cobro de comisiones ilegales en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia en el que hay cerca de cincuenta investigados, entre actuales ediles, exconcejales y asesores. Además, coincide con el día en el que concluyen las declaraciones de los 49 investigados por el supuesto blanqueo.

La mujer de Grau y exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón , ya fue detenida el pasado 26 de enero en el marco de la operación Taula y pueste en libertad con cargos bajo fianza pecuniaria de 150.000 euros.

Conforme publicó ABC el pasado 3 de febrero, varios de los investigados en relación al presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia a través de dichos donativos señalaron que Grau era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y candidatos del PP para sufragar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Hasta que tuvo que dimitir -el pasado mes de marzo- y se cayó de la lista por su implicación en el caso Nóos, Grau se habría encargado así de gestionar las aportaciones de los concejales y cargos del PP a la formación. Grau ha negado públicamente todas las acusasiones al respecto.

El pasado 1 de febrero el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Vicente Jurado aseguró que era el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau "quien movía los hilos, al menos en los últimos cuatro años ", y defendió la inocencia de la exalcaldesa Rita Barberá en el caso Imelsa.

A su juicio, "si algo ha hecho la exalcaldesa Rita Barberá es confiar en personas en las que no debería haber confiado", porque Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos , "debería haberse ido hace mucho tiempo",

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga si los populares de la ciudad de Valencia manejaban una «contabilidad B» . De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos.

Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros. La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se blanquearon a través de este procedimiento 50.000 euros.

La trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en cuentas bancarias. Los investigadores han constatado que algunos concejales gastaron el efectivo en compras en grandes almacenes. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. García-Fuster fue cesada tras su detención. A pesar de que el fiscal reclamó cárcel provisional, el juez la dejó libre bajo fianza de 150.000 euros.

En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad , tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo , y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.

De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.

En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.