Mónica Oltra carga contra la sentencia que recrimina a la Generalitat que tapara los abusos de su exmarido

Ante la sola presencia de los consellers de Compromís -el Ejecutivo autonómico lo completan PSOE y Unidas Podemos- y las duras críticas de los partidos de la oposición, la también portavoz del Gobierno valenciano ha reiterado que esa relación conyugal no ha afectado a sus actuaciones ni a las de otros ámbitos. «Cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral y ética, y mi labor institucional», ha añadido.

La sentencia, que recrimina que la Generalitat intentara entorpedecer la investigación , considera probado que Luís Ramírez acudía a la habitación individual en la que la niña, que entonces tenía 15 años, dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento, cogía su mano y se masturbaba con ella .

En su intervención a petición propia en el hemiciclo, Oltra ha incidido en que los hechos probados en este fallo «no hacen ninguna referencia» al Gobierno autonómico, a su departamento o a ella misma, porque no se les juzga. «No hay nadie a quien provoquen más repugnancia que a mí» , ha asegurado.

Tampoco hacen referencia a la Administración pública como «encubridora de abusadores», ni a supuestos «tratos de favor» o «consignas», ni al «desamparo de la víctima». «Nadie lamenta más que yo lo que le ha pasado a Mayte, porque es el triste colofón a una vida de una niña a la que todo falló desde el principio», ha señalado, al tiempo que ha defendido la independencia de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

El resto de la sentencia son, según la dirigente de Compromís, «interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones» sobre la actuación de la Vicepresidencia del Consell, un relato que la Generalitat no ha podido confrontar por no ser parte en el proceso.

De hecho, el documento hace referencia a « la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla».

Algo que, según Oltra, la sentencia «valora pero no prueba» , pues basa esa acusación en el hecho de que todas las psicólogas -excepto la del Instituto de Medicina Legal- no creyeran el relato de la niña y consideraran que la joven tenía un «comportamiento problemático y violento», como si el diagnóstico compartido fuera «producto de una consigna por parte de la Conselleria».

«Cualquier persona puede ser víctima de un abuso sexual» y «no hay nada que pueda justificarlo», ha indicado, al tiempo que ha defendido que el objetivo último de la Generalitat Valenciana era «ayudarla».

El centro de acogida Niño Jesús, privado pero con plazas concertadas, tuvo conocimiento de los hechos por boca de la menor en febrero de 2017. Tras la exploración a la víctima, ni la dirección territorial ni la directora de la residencia dieron crédito a sus palabras, por lo que, como marcaba el protocolo en ese momento , no se dio parte a la Fiscalía de Menores.

Es el «único error» que ha reconocido Oltra en todo este proceso, provocado por la «inercia» de un protocolo que se ha modificado hasta en dos ocasiones para se actúe ante cualquier sospecha y se comuniquen los hechos a la mayor brevedad. El sistema de protección funciona, ha destacado la consellera, y «aprende de los errores del pasado».

Cuatro meses después, en junio de ese mismo año, la joven denunció lo ocurrido ante dos agentes de la Policía Nacional que se presentaron en el centro por otro incidente y que trasladaron el asunto al Ministerio Público.

No fue hasta el 4 de agosto -«un viernes que no oblidaré nunca»- cuando, según la vicepresidenta, se enteró de los hechos, al llegar una notificación judicial a su casa. «Yo conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta» , ha revelado.

Inmediatamente dio instrucciones para recabar información sobre el caso, puesto que «nadie» de su departamento tenía constancia del mismo. En los días siguientes, se abrió un expediente y se derivó a la joven al Instituto Espill, la entidad en la que las víctimas reciben apoyo psicológico y son sometidas a un examen.

Las conclusiones exculpatorias para el acusado de ese informe se enviaron a la Fiscalía en noviembre de 2017. Sin embargo, no se aportaron al juicio -la defensa tampoco tuvo acceso al expediente-, por lo que, cuando se conoció su existencia a raíz de unas declaraciones públicas de Oltra sobre cómo se actuó en Igualdad, el TSJ valenciano ordenó repetir parcialmente la vista.

«Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, ocultar información que puede resultarle favorable no es la mejor manera , ¿no creen?», ha cuestionado.

La consellera también ha negado que se ocultaran los apellidos, como dice la sentencia -aparecen solo tres veces en todo el informe, siete en el caso de la víctima- en el expediente de su departamento. Algo que «no es un hecho excepcional» y que depende del «criterio profesional» de quien lo realiza.

Además, Oltra ha señalado los «errores y difunciones» de la Fiscalía y el juzgado en todo este proceso . El tribunal alude a una «instrucción paralela» en su sentencia que la vicepresidenta ha negado, explicando que, de no haber pedido los informes correspondientes para esclarecer los hechos como marca la ley, «habríamos incumplido nuestra obligación».

Tampoco se dio, según la dirigente, un trato de favor a Luís Ramirez, trabajador de la residencia desde 2010, cinco años antes de que la líder de Compromís accediera al poder. Oltra ha apuntado que la Conselleria, al tratarse de un centro privado gestionado por una congregación religiosa, no puede ni contratar ni despedir a los trabajadores . Eso sí, se apartó al educador -a tareas administrativas- mientras se realizaba la investigación y se le despidió tras la publicación de la segunda sentencia.

Por su parte, la menor fue trasladada a otro centro por orden de la Fiscalía, algo en lo que Oltra ha afirmado no estar de acuerdo por suponer una revictimización de la joven.

La vicepresidenta ha finalizado su intervención con una pregunta sin respuesta, asegurando que la Policía Nacional conocía la existencia de este caso en febrero de 2017. «¿Lo comunicó a la Fiscalía? ¿Se inició algún tipo de investigación? La sentencia no responde a estas preguntas y yo, lógicamente, tampoco las puedo contestar».

Durante la hora y media en la que se ha prolongado el debate, los partidos de la oposición han sido muy críticos con la intervención de la vicepresidenta y, dejando a un lado la implicación personal de la misma, han pedido la dimisión de Mónica Oltra por la gestión de su Conselleria.

«Hermana, yo sí te creo, salvo si les salpica a ellos», ha exclamado la síndica de Vox , Ana Vega, que ha lamentado que Oltra ni haya asumido responsabilidades ni haya pedido disculpas en una intervención «dirigida a desacreditar una sentencia que dice lo mismo en dos ocasiones». «Ahora resulta que viene a juzgar a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a los propios jueces» y a «poner en cuestión la imparcialidad judicial», ha asegurado.

«Cualquiera diría que la víctima ha sido usted», ha añadido. Vega ha incidido en que la posición de Oltra influyó en las «reticiencias» de la víctima a la hora de denunciar, como también asume la sentencia. «¿Dónde estaba cuando se debía prestar auxilio a esa niña?», se ha preguntado.

Misma postura que ha fijado la diputada de Ciudadanos , Cristina Gabarda, que también ha hecho hincapié en el «miedo» de la menor a denunciar por tratarse del marido de la vicepresidenta de la Generalitat. «Lo más responsable y sensato hubiera sido dimitir» cuando se conocieron los hechos, porque «su situación no era la más idonea para defender a la menor» puesto que «le implicaba personalmente». «Una suma de errores que han dejado desprotegida a una menor», algo que «ni usted ni nadie puede negar», ha apuntado Gabarda.

La diputada del PP , Elena Bastidas, ha incidido en que Oltra tiene que dimitir porque, a su juicio, la Conselleria se puso del lado del abusador y la izquierda se negó a realizar una comisión de investigación sobre un «bochornoso» asunto.

Batidas ha apuntado que la vicepresidenta, que «falló», sigue «escondiéndose detrás de un victimismo insoportable y absolutamente indigno del cargo que usted obstenta». «Dice mucho de usted que la culpa la tiene el juez por la redacción de la sentencia y la prensa por la información insidiosa». «Cuanta indignidad», ha añadido. «Ha quedado retratada por la Justicia» por su «deleznable gestión» y por ser «un fraude como feminista y como política», ha aseverado Bastidas.

Respecto a los grupos que conforman el Gobierno del Botànic, la diputada de Unidas Podemos , Irene Gómez, ha condenado la «lacra» de los abusos a menores y ha defendido que «el agresor es el único culpable». «Dejemos actuar a la Justicia sin intromisiones de ningún tipo, sin hacer juicios paralelos aleantados por el interés político de dañar a un adversario a cualquier precio». «No todo vale», ha reiterado.

En la misma línera, el diputado de Compromís , Carles Esteve, ha lamentado que los discursos de la derecha «están escritos desde hace meses» porque «no les importa la verdad». Por último, la diputada del PSPV-PSOE , Rosa Peris, ha pedido perdón a la víctima porque «fallamos como sistema» y «hemos fallado en muchísimos casos más».

En el turno de réplica con el que se ha cerrado el debate, Mónica Oltra ha aludido a la «repugnante» campaña de Vox en la que ataca a los menores migrantes no acompañados. «A ustedes no les importa Mayte en absoluto y no les importan los niños» , ha señalado. «Si les importara Mayte habrían preguntado en qué situación está hoy. Pero no padezcan, para eso ya estoy yo, para ocuparme de Mayte, porque a ustedes no les importa», ha zanjado.