La llamada desesperada de una madre valenciana: «Protejan a mi hijo de un padre pederasta condenado por abuso sexual»

Tras denunciar los hechos, el agresor fue condenado a cinco años y medio de cárcel, pena que ya ha cumplido y tras la que ha solicitado a la jueza de Familia que instruye el caso visitar al hijo que tuvieron en común , ahora de unos diez años de edad. La mujer, asesorada por diferentes colectivos de mujeres, presentó una queja a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de la magistrada de ordenar una nueva exploración sobre la custodia del menor.

En concreto, encargó a un perito perteneciente al Instituto de Medicina Legal de La Safor que emitiera un informe psicológico para estudiar la posibilidad de conceder un nuevo régimen de visitas del menor. «Un pederasta no puede estar cerca de niños», manifiesta la mujer en una petición pública en la web Change.org que ya acumula más de 115.000 firmas.

«Existiendo una condena por abuso sexual a una menor de la Audiencia Provincial avalada por el Tribunal Supremo, acabando de salir de prisión después de cinco años y seis meses y encontrándose en libertad vigilada, ¿aún cabe la presunción de inocencia ?», reflexiona la madre en su cuenta de Twitter.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Valencia decretó la inhabilitación especial de ocho años y medio para profesiones u oficios que supongan un contacto directo con menores de edad, así como cuatro años de libertad vigilada, una orden de alejamiento sobre la niña de diez años y una indemnización de 30.000 euros.

Ahora, tras cumplir condena y salir en libertad el pasado mes de octubre, su exmarido ha solicitado ver a su hijo fines de semana alternos, varias tardes de lunes a viernes y un período determinado durante sus vacaciones. Ante esta situación, defiende que «un abusador no debe tener la patria potestad de ningún niño ni puede ser un buen padre».

Puesto que el condenado mantiene una inhabilitación para acercarse a menores durante ocho años, la madre del niño no entiende la decisión de la jueza de encargar una nueva exploración sobre el régimen de visitas. «Tanto mis hijos como yo merecemos tener una vida normal, no estar intentando sobrevivir con este desgaste psicológico y económico desde hace seis años», alega.

«En España creemos en la reinserción pero este tipo de agresores sexuales no se reinserta, menos cuando a día de hoy sigue negando los hechos y culpándome a mí por haber dejado que escucharan a mi hija», relata en su denuncia publicada en Change.org. Así, manifiesta que « su hijo corre peligro de que le suceda lo mismo que a su hermana».

La sentencia, dictada en el mes de marzo de 2017, recopila los diferentes abusos del padrastro a la menor entre agosto de 2015 y abril de 2016, cuando vivían en la unidad familiar con su mujer, otra hija de ella y el menor, que por aquel entonces tenía cuatro años. El fallo relata que el condenado «aprovechaba que la madre no estaba en casa para entrar en la habitación de la víctima y realizarle tocamientos por debajo de la ropa».

Desde entonces, la madre vive angustiada a la espera de la decisión judicial final y tanto ella como su hija han requerido de terapia psicológica en determinados momentos ante las graves secuelas sufridas. «Me cuesta entender que la Justicia crea necesario mantener un contacto entre un hijo y un padre condenado por abuso sexual continuado a su hermana, después de estar más de cinco años sin verle», enfatiza.

Al margen de la contienda judicial, la angustia de esta madre se extiende a los encuentros entre su hijo y la abuela paterna del menor , con quien vive su exmarido tras salir de la cárcel. Explica que cada miércoles «se lo lleva sin supervisión» y «con la simple advertencia que pone en la sentencia de que no lo ponga en contacto con su padre». Sin embargo, denuncia que nadie controla si esta directriz se cumple o no, por ello insta a que las visitas se realicen en un Punto de Encuentro Familiar, algo que descartaron los representantes legales de su expareja.

Además, desde hace meses, reclama a través de diferentes plataformas la ayuda de algún abogado especializado «que vele por el interés superior» de su hijo. «Mis recursos no me lo permiten y los abogados no me están respondiendo», asevera la mujer, que también dice haber gastado más de 20.000 euros en letrados y haber recibido numerosos insultos por redes sociales.