Investigan a la cúpula de Sanidad por el desamparo de los sanitarios tras el estallido del coronavirus en Valencia

El magistrado ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el Sindicato Médico CESM-CV para dirimir si existen indicios del delito contra los derechos de los trabajadores en la actuación del departamento que dirige Ana Barceló.

Precisamente, la consellera queda fuera de esta instrucción por su condición de aforada, pero sí afecta a otros cargos públicos, como la número dos de la conselleria o las directoras de Recursos Humanos, Asistencia Sanitaria y Salud Pública, que no han sido citadas a declarar todavía.

El auto considera que la nueva denuncia «es muy concreta y específica , detallada, citando datos determinados, actuaciones del sindicato de requerimientos de entrega de EPI y de las medidas de protección en materia de seguridad laboral a la administración valenciana».

Por ello, el juez cree «es procedente abrir la inicial investigación para determinar la verdadera actuación de Generalitat Valenciana en la pandemia y si la misma pudo incurrir en el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, respecto a los trabajadores facultativos y sanitarios con independencia de posteriores justificaciones que se prevé en cuando a la inexistencia de medios materiales y medios económicos , circunstancias que en todo caso deberán ser valoradas una vez que se tomen por este Juzgado los primeros datos de hecho en la cuestión debatida objeto de querella».

Al respecto, el tribunal ya ha solicitado a Sanidad un informe detallado con el equipamiento material que ofreció a los profesionales para evitar que se contagiaran durante todo un año desde que estalló la pandemia.

Desde el Sindicato Médico han señalado que «no podemos olvidar el sufrimiento» de los profesionales y sus familias durante los peores momentos de la crisis sanitaria, motivo por el que deben, a su juicio, «ser resarcidos» .