El Gobierno prepara un segundo recorte drástico del 40% del agua para los trasvases del Tajo al Segura

Este cambio en el funcionamiento del acueducto «tendrá un coste no solo para agricultura, sino también para el abastecimiento humano», ha advertido el portavoz de los agricultores afectados tras reunirse este jueves con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , a quien ha trasladado la posición «inflexible» del sector, tanto por la vía judicial como con nuevas movilizaciones en la calle.

En la práctica, elevar los caudales ecológicos río abajo, a la altura de Aranjueza, significa que los dos pantanos de cabecera -Entrepeñas y Buendía- de los que se nutren los trasvases, tendrán que abrir sus compuertas y desaguar más, con lo que se quedarán sin reservas para transferencias a la cuenca del Segura.

«Nos va la vida en ello», ha subrayado Jiménez, además de que «no hay necesidades objetivas de esos caudales ecológicos» que están contenidos en las propuestas de planes de cuenca, cuya salida a la palestra para su aplicación es ya «inminente» y en las que se verá el «criterio político» o no con que se han elaborado.

«Hemos aportado informes de técnicos de prestigio y solvencia, a los que el propio Gobierno ha recurrido, y que dicen que no es necesario elevar los caudales ecológicos », ha abundado el presidente del Scrats.

En cuanto a la primera reducción del trasvase , el paso de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales como máximo en el Nivel 2 de reservas en los pantanos de la cabecera del Tajo, también ha salido a colación en el encuentro con la ministra. «Le hemos transmitido que nos preocupa el momento en el que se hace, porque no es el más apropiado», ha señalado. En este caso, la merma es menor, de aproximadamente un 5% del volumen global anual.

Se trata de dos recortes acumulados, porque si los dos embalses de la cabecera se abren más para cumplir con los caudales ecológicos, será también más difícil llegar a ese nivel de reservas para el trasvase máximo de cada mes. Ambas medidas sumadas van encaminadas a convertir en inviables las transferencias al Levante como están estipuladas con las normas actuales, o más esporádicas o mermadas.

El «único punto» de sintonía entre los regantes y la representante del Gobierno ha sido la «mejora a futuro en recursos de desalación , incardinado con el regadío y abastecimiento levantino», en concreto, encontrar un coste asumible para la agricultura.

«Para cualquier beneficio que podamos obtener, la ministra puede contar con nuestra colaboración máxima», se ha comprometido Jiménez.

Este frente ha sido el valorado por Teresa Ribera. La vicepresidenta cuarta y ministra ha resaltado el « consenso alto » alcanzado con los regantes en esta reunión para tratar de acercar posturas sobre el cambio de las reglas de explotación Tajo-Segura.

En este sentido, ha rechazado que la premisa del Gobierno sea acabar con los trasvases, sino hacer una «gestión lo más correcta posible de la infraestructura del trasvase». Y ha recordado que, como consecuencia del cambio climático, pueden producirse «episodios de gran sequía o inundaciones ante los que hay que estar preparados».

Por esta razón, apuesta por alternativas. «Eso nos hace pensar que tenemos que invertir en recursos de proximidad, no en recursos de trasvase como algo fijo y seguro que es inamovible», ha explicado la ministra, que ha justificado que «se refuerce la desalación y la interconexión dentro de cada cuenca para poder tener acceso a agua reutilizada y desalada en todos los rincones de la cuenca donde hay esa demanda».

No obstante, esta otra fuente de abastecimiento resultará insuficiente, según los regantes. «La ministra no nos ha sabido explicar cómo pretende parar ese golpe [por los caudales ecológicos], porque no hay ningún recurso nuevo: la planta desalinizadora de Torrevieja da 80 hectómetros hoy y los otros 40 estarán asignados a la Mancomunidad de Canales del Taibilla y no es seguro contar con ellos», ha precisado.