La ministra Teresa Ribera comunica a Ximo Puig el recorte al trasvase Tajo-Segura y su apuesta por la desalación

De hecho, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha señalado que en estos momentos la planta desalinizadora de Torrevieja ya proporciona el mismo volumen de agua (80 hectómetros cúbicos anuales) que las transferencias desde el Tajo, y el objetivo es que eleve ese caudal hasta los 120 hectómetros.

Tras esta reunión en Valencia, el presidente Puig ha aceptado el cambio en las reglas de explotación de acueducto y se ha conformado con que el debate se centre «más que en el trasvase Tajo-Segura, en la garantía del agua para siempre para los agricultores de la Comunidad Valenciana, agua de calidad y a un precio adecuado».

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha querido quitar hierro a la mala noticia para el campo alicantino porque «en ningún momento ha planteado el Gobierno el cierre del trasvase» y también ha augurado que «el agua desalada cada vez va a ser de mayor calidad y a mejor precio».

Puig ha defendido su posición desmarcándose de la estrategia de «confrontación» de otros dirigentes políticos.

En esa misma línea, la ministra Ribera ha lanzado «un mensaje de tranquilidad ante un ruido que no necesariamente está justificado» y ha reconocido que «el trasvase permite garantizar el suministro de agua a tres millones de personas, no solo en esta Comunidad Autónoma».

En cuanto a la justificación del recorte a los trasvases, ha señalado que era «una barbaridad» transferir 38 hectómetros al mes cuando la situación hídrica es de Nivel 2, lo que provoca luego entrar en Niveles 3 y 4 buena parte del año. Según Ribera, el criterio parte del Centro de Estudios Hidrográficos y recomienda «reforzar los recursos en cada cuenca, favorecer el uso del agua desalada e interconectar las instalaciones para su aprovechamiento».