El Gobierno anuncia «fondos adicionales» y precios regulados del agua desalada en vez de trasvases

Su compromiso, en todo caso, ha sido de garantizar que la factura del agua para los agricultores del sureste peninsular sea «compatible» con su actividad, asumible para seguir produciendo.

Ribera ha hecho estas declaraciones en el museo MACA alicantino tras participar en el foro «El futuro del agua», al ser preguntada por la posibilidad de que las administraciones subvencionen a los agricultores, como ha planteado anteriormente el presidente de la Generalitat , Ximo Puig , ante las quejas de los regantes por el encarecimiento del agua desalada debido a la subida de la luz.

Al respecto, la ministra ha detallado que el Gobierno trabaja en las referencias del precio de agua «proceda de donde proceda» y evitar «distorsiones» que se han producido a lo largo de los años donde «el agua más barata era la que salía del acuífero, de la superficie, y sin embargo el agua más cara era la que quizá tenga más importancia en el tiempo por venir de esas aportaciones adicionales, la que precede de la desalación o de la recuperación».

Por ello, Ribera ha indicado que se requiere una «reponderación» para que «haya unos estándares de precios muchos más claros, pero también compatibles, con las capacidades de pago real de los agricultores» y se ha referido al «impacto que tienen los precios energéticos en prácticamente todas las actividades económicas», no solo en el campo.

En este sentido, ha anticipado que tratarán de encajar de alguna manera su plan especial que subvenciona el autoconsumo y la eficiencia energéticas también en la agricultura, de forma que este sector pueda beneficiarse de las ayudas.

«Yo creo que con estas dos líneas tendremos que ver hasta dónde necesitamos cobertura adicional y, tal y como ha dicho el 'president', en caso de necesidad, en una situación extraordinaria como esta, se pueda disponer de recursos adicionales para hacer viable que un sector tan importante para nuestra economía como es el agrario no vea una inflación en términos de costes y se acabe trasladando, de forma indeseada, a todos los consumidores».

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala , ha exigido a Puig «contundencia» en la defensa del trasvase Tajo-Segura y ha afirmado que los alicantinos se sienten «engañados y desamparados» porque mientras el jefe del Consell dice que esta obra es «irrenunciable», sus compañeros de partido en el Gobierno central «perpetran recorte tras recorte». Y ha advertido: «No vamos a dar ningún paso atrás».

En su discurso en la sesión inaugural del Diálogo sobre el Futuro del Agua, ante la ministra Ribera y el propio presidente de la Generalitat, ha comentado que le hubiera gustado que hubiera podido asistir el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, por ser la institución que desarrolla muchas de las políticas de aprovechamiento de agua.

Barcala ha mostrado su mano tendida a todas las instituciones para llegar a acuerdos y buscar soluciones, pero ha recalcado que es «necesario alzar la voz» ante «la injusticia» de «los constantes recortes» de caudales del trasvase y «más aún, ante la expectativa de su fin », ya que ha acusado al Gobierno de España de poner «en riesgo una infraestructura imprescindible para el desarrollo y el bienestar de buena parte de esta provincia».

En ese sentido, ha lamentado que « se impongan los criterios ideológicos sobre los informes técnicos , científicos, económicos y medioambientales» y que por esta vía «se rompa» el acuerdo al que llegaron en 2013 cinco comunidades autónomas con el Ejecutivo central. «Murcia y Andalucía están con nosotros; y duele especialmente que la Generalitat valenciana no se muestre igualmente contundente y le dé la espalda a las necesidades hídricas de esta provincia», ha apuntado.

Así, ha recordado que «el último episodio» se «sufrió» el pasado martes con el rechazo del grupo socialista en el Congreso a la enmienda presentada por el PP, en la que instaba al Ejecutivo a sufragar con fondos europeos Next Generation las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes de cuenca de segundo ciclo que no se han ejecutado y acumulan retraso.

«Es de una gravedad extraordinaria porque no solo se está dilapidando y aniquilando el trasvase, sino que, al mismo tiempo, se veta la llegada de fondos europeos para la financiación de infraestructuras hidráulicas más que necesarias para esta provincia», ha recalcado.

Barcala ha remarcado que «no podemos quedarnos cruzados de brazos ante un daño que deviene en irreparable» y por ello, a través de la Diputación de Alicante, ya se ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el enésimo «hachazo» al trasvase Tajo-Segura, que ha recortado la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos, un «tijeretazo» de 60 hectómetros cúbicos al año . Además, ha reprochado que se han cambiado las reglas de explotación, se ha modificado el nivel de la reserva y se ha encarecido un 14% el precio del agua para riego.

Además, se ha opuesto a la intención del Ministerio de pasar de usar el agua trasvasada al agua desalada en la provincia porque supondría «un sobrecoste energético muy superior ».

En su réplica a estos reproches del alcalde, la ministra Ribera no ha querido valorarlos más alá de opinar que « no es el tono más adecuado para entablar un diálogo » aunque ha declarado también que entiende «la sensibilidad» de Alicante, de Murcia, de Almería, de Guadalajara, de Toledo, de Madrid, del Ebro, de Tarragona, porque «el agua es un tema extraordinariamente sensible».

En parecidos términos se ha manifestado Puig, para quien «cada uno es dueño de sus silencios y de sus palabras y cada uno puede interpretar cuál es el espacio y el tono adecuado en el ámbito institucional». En cuanto a su postura, se ha declarado conciliador: «Yo siempre estaré por la vía del diálogo, de las soluciones y dejo el espacio del partidismo en otros ámbitos», ha indicado.