El Gobierno anula el cierre de comercios a las 19 horas en la Comunidad Valenciana un día después de ordenarlo

También que todos aquellos de venta de reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados no pudieran permanecer abiertos al público los domingos y festivos, a excepción de panaderías y pastelerías, prensa, farmacias, combustible para la automoción y tiendas de conveniencia.

Todo ello, según explicaba el texto, atendiendo a la necesidad de descanso de las personas que los atienden presencialmente y las que los sirven de productos, transportándolos; a la necesidad de disponer de tiempo para la limpieza y desinfección de los locales, así como para la reposición ordenada de las mercaderías; y, finalmente, a la necesidad de limitar los desplazamientos de la población en general. Motivos por los que, consideraba, resulta necesario adoptar medidas de restricción de la libertad de horarios y de apertura.

La resolución, sin embargo, ha sido anulada por la misma Delegación del Gobierno un día después. Este viernes dictaba otra para dejar sin efecto la anterior «ante la falta de coordinación existente entre la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y los sectores implicados» . Una crítica dirigida al departamento de Rafael Climent (Compromís).

En esta nueva, se detalla que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que aglutina a las organizaciones más representativas del sector del comercio, ha manifestado su disconformidad con la primera decisión por la que se limita el horario comercial. Entre otras razones, esgrimen que existe una autorregulación de los sectores afectados, dando una respuesta adecuada a las necesidades de abastecimiento de la población y que evita además la concentración de personas en los establecimientos comerciales que tienen un mayor margen para su organización y logística. Igualmente, señalan que «en ningún momento se ha consultado con los sectores antes de adoptar esta resolución».

Por último, añade el texto, el decreto del estado de alarma por el coronavirus incluye que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias.

«Por si las consecuencias sanitarias y económicas del Covid-19 no fueran pocas, soportamos a gobiernos que improvisan medidas sin tener en cuenta sus implicaciones y, por supuesto, sin tener en cuenta a los afectados ni a la sociedad civil. Ni entre ellos se aclaran», ha criticado en Twitter la diputada nacional del PP Belén Hoyo.