La Generalitat hablaba de emergencia sanitaria el 27 de febrero pero no canceló las Fallas hasta doce días después

El contrato, firmado por el subsecretario de la Conselleria de Sanidad David Fernández, daba luz verde a llevar a cabo las «actuaciones necesarias para garantizar el suministro de material sanitario y divulgativo ante la emergencia surgida por el avance del Covid-19 en la Comunidad Valenciana ». Motivo por el que se amparaba en el procedimiento de emergencia para la adquisición de mascarillas, pruebas para la detección del virus o geles hidroalcohólicos. Todo ello por un importe estimado de 1,04 millones de euros .

Este mecanismo se encuentra regulado en la ley de contratos del sector público y en los Presupuestos Generales del Estado, donde se establece que la Administración puede contratar de manera directa -sin pasar por el procedimiento de licitación habitual- en acontecimientos catastróficos o en «situaciones que supongan grave peligro». Requisitos que, a juicio de la Generalitat, por lo tanto, ya se cumplían la última semana de febrero .

A lo largo del documento, además, la Conselleria de Sanidad vaticinaba que «las previsiones de consumo de los próximos meses superan el normal abastecimiento de los centros hospitalarios y requieren un mayor aprovisionamiento para poder llevar a cabo el procedimiento contra los riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos del SARS-CoV-2». Abastecimiento que, por otro lado, no fue suficiente tan solo pocas semanas después, tal como denunció reiteradamente el colectivo de los profesionales sanitarios.

Pese a que se trató de uno de los primeros contratos de emergencia para la compra de material sanitario, la consellera del ramo, Ana Barceló, lo omitió en su exposición pormenorizada, día a día, de las actuaciones de su departamento durante la comparecencia del 23 de abril en las Cortes Valencianas para dar cuenta de la gestión de la pandemia. La justificación es que se encontraba colgado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En la intervención admitió que la última semana de febrero supuso «un punto de inflexión» en todo el continente y detalló que durante los días 24, 25 y 26 la Conselleria se puso en contacto con los empresarios que habían acudido a la Feria de Calzado de Milán y con el Valencia CF, que había celebrado un partido en Italia, además de conformar la Mesa de Coordinación Interdepartamental del Consell y la habilitación del teléfono de cribado ante las sospechas de contagio.

De ahí, la consellera dio un salto al 3 de marzo - evitando mencionar, de este modo, el contrato de más de un millón de euros para la compra de material sanitario-, cuando ordenaron que los partidos del Valencia CF y del Valencia Basket se celebraran a puerta cerrada. Las jornadas siguientes, su departamento recomendó otra serie de medidas (como que se anulara la celebración de congresos sanitarios) y el 10 de marzo llegó, finalmente, la suspensión de las Fallas (aunque las tradicionales «mascletàs» se dispararon desde el día 1 de ese mes incluso después de que el Ministerio pidiera que dejaran de permitirse actos masivos).

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha criticado este martes en las Cortes Valencianas que la Conselleria declarara la emergencia sanitaria el 27 de febrero en un documento que, según ha indicado, ha sido «ocultado de forma deliberada» al Parlamento autonómico.