La Generalitat exigirá al Ayuntamiento de Valencia los 38,5 millones de euros de la Fórmula 1 que le debe

El escrito pone el foco en la «posible nulidad» del convenio que el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autonómico suscribieron el 28 septiembre de 2007, a través del ente Gestor de la Red de Trasportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), por el que el entonces Gobierno de Francisco Camps anticipaba más de 38,5 millones de euros al consistorio liderado por Rita Barberá para ejecutar esas infraestructuras.

Sin embargo, la Generalitat nunca recuperó el dinero avanzado y ahora, catorce años después, solicita que el CJC se pronuncie sobre el modo a través del cual y cuándo debe exigir la millonaria devolución al Ayuntamiento de la capital. Su respuesta será «determinante», según ha indicado esta martes la vicepresidencia segunda en un comunicado.

Una cantidad económica que, según se acordó, debía ser reembolsada por los dueños de los terrenos tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes -el Plan General y el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grao-, pero estos propietarios nunca fueron notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa, por lo que «a día de hoy se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos».

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Valencia no ha impuesto todavía ese canon a los titulares del suelo. De hecho, el propio Francisco Camps presentó un escrito por registro de entrada en el consistorio en el que requería al Gobierno de Joan Ribó que recuperara los 43 millones de euros que se invirtieron en total en las obras del circuito.

Asimismo, la Conselleria de Vivienda advierte de que «se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana». Las personas que firmaron el convenio de 2007 -el presidente de la GTP y un consejero- «no tenían competencias para hacerlo» , puesto que «no fue impulsado ni aprobado por el Consejo Administrativo del mismo organismo» según los protocolos establecidos.

«La Generalitat continua pagando 7,5 millones de euros anuales por la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos pagando desde una Conselleria que ha de atender en el día a día emergencias habitacionales. En total más de 38 millones de euros que podríamos estar destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables», ha lamentado el vicepresidente Héctor Illueca.

La primera en reaccionar a este asunto ha sido la vicealcaldesa de Valencia y concejal de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que ha reclamado a Illueca «calma, prudencia y mucho, mucho diálogo con los que llevamos muchos años en esta gestión» para resolver los problemas heredados del PP antes de entrar «como un elefante en una cacharrería» .

«El tema del antiguo convenio sobre el PAI del Grao se está hablando y negociando por parte del Ayuntamiento con la agrupación -de propietarios- para negociar las cargas urbanísticas», ha expuesto Gómez, quien no ve «ningún sentido» el planteamiento de la nulidad del convenio después de 14 años cuando, además, está ejecutado al 100%, por lo que, a nivel jurídico, no le ven sentido a la petición.

En esta línea, ha recordado a Illueca que la «institución» -la Generalitat- «es la misma» y le ha pedido que se «siente» con el Ayuntamiento para que le expliquen los pasos que han dado en este tiempo «para resolver este gran empastre que nos dejó el PP».

La vicealcaldesa se ha mostrado «convencida» de que, de forma coordinada, podrán resolverlo para que ese convenio tenga la menos carga posible tanto para Ayuntamiento como para la Generalitat, porque al final son dos administraciones que representan el interés general.

«Entiendo que tenga ganas de intentar marcar su propio impronta», ha apuntado, aunque le ha advertido de que puede «echar por tierra» el trabajo de muchos años, al tiempo que ha cuestionado que se intente «tirar la pelota de uno a otro tejado» cuando se trata de administraciones públicas y no empresas.

En todo caso, ha recalcado que la «fatochada de Paco Camps de que la F1 no nos iba a costar ni un duro a los valencianos es mentira» y ahora es responsabilidad del nuevo gobierno que esa carga sea la menor posible y que haya un reparto de cargas urbanísticas «razonable».

Para Gómez, « el PP estafó a los valencianos cuando dijo que la F1 no iba a costar ni un duro; pero ahora, como gobierno, estamos trabajando para que la estafa no repercuta al erario publico». «Cuando salga el acuerdo, habremos resuelto uno de los mayores empastres y estafas políticas que dejó el PP, que fue el circuito de la F1», ha dicho, y ha reiterado que se trata de un tema «complejo y complicado».