El TSJ condena por segunda vez al Consell por denegar información

El diputado Rubén Ibáñez había interpuesto un recurso por derechos fundamentales (que fue admitido) contra la respuesta del departamento que dirige Vicent Marzà del pasado 24 de febrero al citado requerimiento.

El tribunal exige a la Conselleria que informe sobre la relación detallada de las facturas , con indicación del concepto, número y fecha, y restos de gastos realizados con cargo a las partidas de cajas fijas en el periodo 2006-2014, así como abonar las costas procesales , que se han estipulado en 1.500 euros.

La sala entiende que, a pesar de la autonomía económica y financiera de la que disfrutan las universidades (el argumento por parte de Educación para no ofrecer la información), «esta no es absoluta, pues siendo la misma cierta y necesaria, parece evidente que no es indefinida ni puede escapar de cualquier control o supervisión y habrá de moverse dentro del ámbito que se dispone en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector», tal como consta en la sentencia.

«El secreto que bajo siete llaves guardaba el conseller Marzà ya no va a ser un secreto, porque el TSJ ha dicho que se ha de enseñar la caja fija de las universidades. Es duro que un gobierno progresista, que pone partidas presupuestarias para transparencia, sea condenado por su opacidad», ha criticado Ibáñez.

Se trata del segundo fallo del TSJ contra el Consell por no facilitar la información requerida . El anterior fue por una solicitud de los populares en octubre del año pasado de un informe del traspaso del anterior Gobierno a la Conselleria de Justicia, en el que se encontraban 3.200 ordenadores que el nuevo Ejecutivo había criticado por no estar en funcionamiento cuando en este momento se encuentran en uso. También pidieron la auditoría interna en Justicia, que supuestamente se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias y que no les fue facilitada.

En el caso del informe, éste fue entregado al PP tras interponerse el recurso contencioso-administrativo, mientras que respecto a la segunda, la auditoría la Conselleria se opuso y alegó que no existía como tal puesto que se trataba de «una iniciativa del Consell en relación no solo al ámbito de este departamento, sino de toda la Generalitat».