Alfonso Grau, durante una de sus declaraciones en los juzgados
Alfonso Grau, durante una de sus declaraciones en los juzgados - ROBER SOLSONA

Caso TaulaEl juez prorroga once meses más la investigación sobre blanqueo en el PP de Valencia

El magistrado entiende que es necesario un nuevo plazo a la espera de practicas más diligencias tras recibir el informe de la UCO

Varias defensas de los concejales recurrirán la resolución al encontrarse fuera de plazo

VALENCIAActualizado:

El juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, ha decidido prorrogar once meses más la instrucción de la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y a la supuesta financiación irregular del partido.

La causa fue declarada compleja y en un primer momento el período de instrucción era de 18 meses. Antes de que éstos se cumplieran, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado una nueva prórroga de otro año y medio -como suele ser habitual- ante la posibilidad de nuevas pesquisas aunque no se llegara a agotar este plazo.

El juez, sin embargo, en un auto con fecha del 21 de agosto notificado este martes, reduce la ampliación a menos de un año al entender que 18 meses es un «plazo excesivo», mientras que once se trata de una «previsión razonable».

En esta última resolución, el magistrado da respuesta a los escritos presentados por varios concejales y asesores investigados por blanqueo en los que se oponían a una nueva prórroga. Los motivos de dictarla, explica, se basan en tres razones. La primera, la pericial psiquiátrica solicitada para evaluar las facultades mentales de la exedil de Cultura María José Alcón -quien confesó abiertamente la práctica del blanqueo en el Consistorio-. La segunda, las diligencias pedidas por el Fiscal orientadas a aclarar una supuesta condonación por una suma importante de dinero al Ayuntamiento de Valencia por parte de la empresa Decaux. Y la tercera, y más importante, el estudio de la documentación recibia en el juzgado sobre supuesta financiación opaca del PP para las elecciones locales de 2007.

El magistrado justifica así la decisión en que el juzgado todavía ha de estudiar el informe ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la agencia de comunicación Laterne. Y es que, aunque la instrucción sobre blanqueo se encuentra prácticamente finalizada a la espera de la apertura de juicio oral a los concejales y asesores imputados, en la subpieza relativa a la financiación irregular es previsible que se practiquen nuevas diligencias.

«El plazo (de la instrucción) ha sido largo, de meses, y las iniciales previsiones para su finalización se han ido retrasando, pero se debe entender la amplitud, siquiera subjetiva, de la investigación, y la necesaria colaboración de terceros en ella, para entender que a fecha de hoy ese informe policial todavía no esté terminado. Como las partes ya conocen la documentación inicial, es obvio deducir que tras la recepción del informe habrá que practicar alguna o algunas diligencias derivadas o consecuentes a su contenido, y por esa razón es ineludible que se deba fijar nueva prórroga, como adecuadamente insta el Fiscal», argumenta el juez.

En este momento, continúa, lo que entiende que justifica seguir instruyendo es que, con lo practicado, «existen indicios racionales de que había un dinero en poder de determinada o determinadas personas del grupo popular cuyo origen era opaco y posiblemente ilícito, y que los hechos hacia los que ahora se dirige la investigación pudieran guardar con aquellos una relación operativa razonable, e implicar a personas ya investigadas».

Aportaciones encubiertas

Esta subpieza indaga en las aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones para la campaña electoral de 2007 a través de Laterne. El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros.

Como principal sospechoso de toda esta operativa aparecería el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, cuyo papel en el presunto delito electoral es uno de los interrogantes que los investigadores todavía tratan de resolver. Uno de sus exasesores, Jesús Gordillo, lo señala como el responsable de las facturas falsas para sufragar los gastos electorales. Ante la Guardia Civil relató que, por orden de Grau, desde el departamento de administración del Ayuntamiento se giraron facturas a las empresas que habían realizado aportaciones económicas para dar soporte a esa entrada de dinero «y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP».

A raíz de este testimonio, la UCO investiga a varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunidad Valenciana que habrían realizado esas aportaciones económicas encubiertas para la campaña de 2007.

El juez entiende que existen indicios de que, a través de Laterne, se encargaron y pagaron servicios prestados por terceras empresas por actos de campaña del PP de 2007 y aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas.

Estos hechos, en opinión del magistrado, además de poder integrar delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho, son igualmente indicativos de un posible «delito electoral encadenado en términos de continuidad» con los ya investigados correspondientes a las elecciones de 2011 y 2015. Asimismo, podrían guardar relación y ofrecer información relevante acerca de las fuentes de financiación del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, en relación con el delito de blanqueo que se instruye en esta misma pieza y por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas supuestamente en dos billetes de 500.

Varias defensas recurrirán el plazo

Tras conocer la ampliación de la prórroga, varias defensas de los concejales investigados ya han confirmado que recurrirán ante la Audiencia Provincial esta resolución judicial por estar fechada una vez ya había vencido el plazo de prórroga, que finalizaba el pasado 15 de agosto.

En su opinión, la práctica de nuevas diligencias no resulta pertinente y en el auto no se especifica la relevancia de las pruebas, por lo que consideran que éstas podrían realizarse en el juicio oral y no en esta fase.