Alfonso Rus declara ante la Guardia Civil tras pasar dos noches en el calabozo

Además de Rus, los agentes van a interrogar este jueves al que fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, Juan José Medina .

El magistrado ha dejado en libertad provisional a los seis empresarios detenidos en el marco de la operación Taula que en la noche de este miércoles han prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez está previsto que siga recibiendo a los 10 detenidos restantes durante la mañana de este jueves, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia , previsiblemente a partir de mediodía a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando, según las mismas fuentes.

De este modo, han quedado en libertad provisional los 14 detenidos que han declarado ante el juez en Valencia y a cinco de ellos les ha impuesto el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados.

En el caso de María del Carmen García Fuster , el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.

El juez ha tomado ya declaración a 14 de los detenidos en esta operación, 13 de los cuales lo hicieron ayer, mientras que el martes lo hizo la exconcejal del PP de Valencia María José Alcón, a quien el juez dejó en libertad con cargos y bajo fianza de 150.000 euros.

Entre los que pasaron ayer por el juzgado se encuentran el ex secretario autonómico y exdiputado del PP en Les Corts David Serra , y la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster , para quien el fiscal pedía prisión .

También fueron interrogados el empresario Mariano López Sancho, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa, y exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma.

El exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, exmarido de la exconcejala del PP María José Alcón, fue otro de los que ayer declararon ante el juez, junto con dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Estos siete detenidos fueron puestos en libertad, aunque mantienen la condición de investigados ( figura que sustituye a la de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento criminal ) por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias. Fuentes de toda solvencia consultadas por ABC añaden las causas de «organización criminal y negociaciones prohibidas para los funcionarios» .

La operación investiga una supuesta red corrupta que ofrecía comisiones millonarias a cambio de contratos en la Generalitat valenciana, la Diputación de Valencia, varios consistorios de la provincia y el Ayuntamiento de Valencia.

A cuatro de los interrogados el juez les ha impuesto fianzas para asegurar la responsabilidad civil en caso de condena.

Tras estas personas , anoche también pasaron a disposición judicial otros seis empresarios detenidos en esta operación anticorrupción, a los que el juez dejó en libertad, según informa el TSJ.

Está previsto que el Juzgado retome a partir del mediodía las declaraciones de los diez detenidos pendientes de pasar a disposición judicial, entre los que están además de Alfonso Rus , Máximo Caturla y Juan José Medina , el exalcalde de Genovés y exjefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis .

Además, hay otras cinco personas investigadas pero no detenidas , entre las que se encuentra el presidente del PP de la ciudad de Valencia y hasta ahora portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo , y el asesor de su grupo municipal Luis Salom, entre otros.

En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.